La actualización de los alquileres está sacando de sus hogares a cientos de isleños, ante la pretensión de los propietarios de lograr aumentos en sus rentas que son inasumibles para los inquilinos, unas situaciones que están provocando un notable incremento de las consultas que reciben las asociaciones de consumidores, como La Defensa, presidida por Bernat Ferrer. La mala noticia, según señala este último, es que "una cosa es lo justo y otra lo legal, y estas prácticas, aunque no sean justas, sí son legales".

Los contratos de alquiler tienen una vigencia mínima de tres años (salvo que deba ser ocupada por un hijo del dueño, por ejemplo), y al acabar este plazo el propietario tiene la posibilidad de exigir una subida en el precio. El problema radica en que en el caso de Palma, fundamentalmente, y en algunas poblaciones como Calvià y Alcúdia, ese incremento se sitúa en estos momentos fuera del alcance de buena parte de los inquilinos de clase media o baja, obligándolos a abandonar la que ha sido su residencia durante muchos meses.

Un ejemplo real es el de exigir a un inquilino de Palma que paga unos 700 euros mensuales que suba esta renta hasta los 1.000 o los 1.100. Eso supone un incremento de más de un 40%. El presidente del colegio de agentes de la propiedad inmobiliaria de Balears, José María Mir, admite la existencia de estas situaciones, y recuerda que el precio de los alquileres se ha incrementado en Palma casi un 30% en solo dos años, subida que se quiere aplicar de golpe en cuanto toca renovar el contrato.

Drama para las familias

El problema, según critica Bernat Ferrer, es que el inquilino solo dispone de un mes para aceptar la subida o abandonar la vivienda, lo que supone un auténtico drama para muchas familias, que no saben a dónde ir en un momento en el que la demanda de alquileres supera la oferta existente.

El presidente de La Defensa aporta un dato para calibrar el alcance de este problema: solo a su asociación están llegando de dos a tres consultas semanales relacionadas con este tema, cuando hace solo dos años este tipo de situaciones eran residuales. "Notamos que las consultas sobre este tema comenzaron a crecer hace un año", añade.

Bernat Ferrer advierte de que la decisión de aplicar de golpe incrementos tan acentuados se va a terminar volviendo en contra de los propietarios del inmueble.

"La escasez de vivienda de alquiler que hay en el mercado, y especialmente en Palma, hace que muchos inquilinos se vean obligados a aceptar unos precios que finalmente no van a poder pagar, y eso va a suponer que se terminarán convirtiendo en morosos y que luego el dueño vaya a estar meses sin cobrar hasta poder echarlos por la vía judicial", señala el presidente de la citada asociación de consumidores.

Pero en otros muchos casos, las familias optan por dejar el inmueble por no poder asumir ese coste, y se ven obligados a encontrar en un plazo de un mes un nuevo lugar donde vivir. Eso supone sacar a cientos de personas del ámbito donde han desarrollado su vida personal durante muchos años y en el que ya estaban integrados. Pero además, les lleva en ocasiones a optar por viviendas situadas en poblaciones de la part forana, donde las rentas son más asequibles, pese a que su puesto de trabajo se mantiene en Palma, según apunta Bernat Ferrer.

El presidente de la asociación La Defensa pone de relieve que el resultado de este nuevo éxodo a las localidades de la part forana (ya se vivió durante la etapa de la burbuja inmobiliaria con la adquisición de viviendas) es un agravamiento del colapso que durante las horas de entrada y salida laboral se registra en los principales accesos a la capital.