La Audiencia de Palma ha reabierto el caso Minerval, no porque los jueces entiendan que se cometiera una estafa al vender este producto como un posible curativo del cáncer, sin que se hubiera demostrado sus propiedades medicinales, sino que se tienen dudas sobre el precio de compra y de venta de dicha sustancia. El tribunal acepta el recurso que planteó la fiscalía y la UIB que, en realidad, no pedían que se investigara esta cuestión económica, sino que sostenían que los profesores de la UIB habían estafado a una serie de personas, porque les habían engañado vendiéndoles este producto experimental como si se tratara de un fármaco que curaba el cáncer.

La Audiencia da la vuelta a la situación y, si bien reabre el caso, lo hace únicamente en el aspecto económico, y deja muy claro que ningún cliente fue engañado al comprar el producto, porque los profesores les informaban de que no podían asegurar las cualidades curativas del Minerval, porque estaba todavía en fase de investigación, aunque en algunos casos se había conseguido reducir el tamaño de los tumores. Este caso había sido archivado por el juez de instrucciónarchivado por el juez de instrucción, porque entendió que no se había cometido ninguna estafa, si bien puso el tema en conocimiento de las autoridades, dado que se estaba vendiendo como fármaco un producto que no había sido aún autorizado para ello.

El auto de la Sala Segunda describe las manifestaciones de las 20 personas que compraron, a instancia del profesor Escribá, el producto y todas ellas coinciden en un punto que el tribunal entiende que es esencial: nadie les aseguró que el Minerval podía curar el cáncer, solo era una posibilidad. Estas personas, familiares de enfermos en fase terminal, pagaron elevadas cifras a Escribá, que adquiría el falso fármaco en Estados Unidos. Los clientes tenían que financiar el Minerval realizando un ingreso en la fundación Marathón, relacionada con los dos profesores. El kilo de Minerval se vendía a 18.000 euros, si bien Escribá ha mantenido siempre que era el precio de coste y, por tanto, él no obtenía ningún beneficio personal. "El investigado no engañó a nadie en la información", señala la resolución. Sin embargo, los jueces plantean otra duda que justifica la reapertura del caso. Quieren saber si es cierto, o no que el producto en origen se vendía al precio que indicaba Escribá y, sobre todo, se pretende determinar qué destino se dio al dinero que los compradores ingresaron en la fundación Marathón y en la entidad Begafarma.

Tras conocer la reapertura del caso, la Universitat subrayó que el auto lo acota "solo a la posible actuación de una persona" e "insiste en que no se detecta engaño ni apreciación de delito de estafa".

La UIB consideró que el caso "nunca había sido cerrado" y recordó que se personó primero como acusación y que cuando fue archivado la institución se sumó al recurso de la Fiscalía contra la el sobreseimiento de la causa "para llegar al fondo del caso y aclarar totalmente los hechos".

Fuentes oficiales aseguraron que la Universitat "no quiere que quede ningún tipo de sombra o duda sobre los hechos".

La institución académica entiende que la Audiencia de Palma ha considerado que hay aspectos que no están suficientemente claros y ha decidido continuar investigando en una línea determinada para "poder cerrar o no el caso". Cuando el juez Enrique Morell archivó el caso el pasado septiembre, concluyó que únicamente Pablo Escribá había sido responsable de la comercialización del Minerval, exculpando al catedrático Xavier Busquets. Éste pidió por ello al rectorado de la UIB que se levantara la medida cautelar que le mantenía apartado de las clases desde abril, una medida que el rector Llorenç Huguet firmó y que le fue notificada a Busquets el pasado día 22 de noviembre. Sobre el expediente informativo abierto por la UIB, "el instructor decidirá a la luz de los nuevos elementos que se van conociendo". El catedrático Escribá también solicitó levantar la suspensión, pero la UIB lo mantiene apartado de las clases, aunque continúe percibiendo su nómina.