El juez Penalva grabó una declaración de la testigo protegida número 31 del caso Cursach, en la que la mujer denunciaba que estaba amenazada y había recibido ofertas del entorno del empresario para que acusara al propio Penalva y al fiscal Subirán de haberla coaccionado y manipulado para que declarara en la causa.
También contó, según se puede apreciar en la grabación, que una de las ofertas se la habían hecho dos inspectores de policía que le anunciaron que le ofrecían dinero para que se marchara de Mallorca y se fuera al extranjero. Aseguró que los dos policías le habían quitado sus documentos para controlará.
El juez Penalva ordenó a la policía que investigara estos hechos y la conclusión que se alcanzó fue que la mujer mentía.
Debido está investigación el juez adopta dos decisiones. La primera es archivar la investigación contra los dos inspectores de policía. La otra es ordenar que se abra un proceso por falso testimonio o denuncia falsa contra la testigo, tal como solicitaba la fiscalía anticorrupción.
