Fernando Alzamora, expresidente de la entidad financiera Sa Nostra, compareció ayer ante el juez para responder de su actuación al frente de la caja de ahorros más importante de Balears, que fue absorbida por otro banco arrastrada por graves pérdidas económicas.

Alzamora había sido citado por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que instruye una querella de la fiscalía Anticorrupción, en la que se acusa a los antiguos directivos de Sa Nostra de haber adoptado decisiones ejecutivas que provocaron graves pérdidas económicas. Unas decisiones que habrían sido arriesgadas y sin adoptar ninguna medida de prudencia ni estudio, sobre todo tratándose de operaciones en el sector inmobiliario, en plena crisis del sector.

El expresidente de Sa Nostra, según señalaron fuentes judiciales, explicó al juez que su trabajo al frente de la caja de ahorros no era ejecutivo. Es decir, no era quien tomaba las decisiones diarias de la entidad. De ello se encargaban los máximos ejecutivos, encabezados por Pere Batle y Pau Dols. La fiscalía acusa a Alzamora de haber aprobado el apoyo económico que se le blindó, a través de la empresa Inversanostra, al empresario Martí Gual, a través de préstamos económicos que provocaron unas pérdidas de más de 70 millones de eurospérdidas de más de 70 millones de euros. La entidad financiera se convirtió en socio del empresario y asumió el coste de la ampliación de capital que se adoptó en la empresa en la que participaba.

Alzamora, cuya declaración fue relativamente corta, insistió en que su cargo era representativo. Y aseguró que se limitó a cumplir con los consejos de los órganos ejecutivos. Detalló que en las reuniones de los consejos de administración se adoptaban las grandes decisiones de Sa Nostra, siempre basadas en los estudios previos que realizaban los análisis. Y sobre las inversiones que cuestiona la fiscalíainversiones que cuestiona la fiscalía, insistió en que todas ellas venían avaladas por informes favorables del comité de inversión y del comité de riesgos.

Precisamente, en las reuniones de los consejeros donde se aprobaron estas inversiones se cuestiona que nadie planteara duda alguna sobre las inversiones que se iban a aprobar. Sin embargo, Alzamora insistió en descargar toda la responsabilidad sobre los responsables ejecutivos que habían estudiado los riesgos de la operación. Y por ello insistió en que todos los consejos eran que estas inversiones eran positivas para la entidad bancaria, aunque después no fuera así.

En esta misma línea se expresaron otros dos antiguos representantes del Consejo de Administración de Sa Nostra. Ambos declararon como investigados y lo hicieron a través de una videoconferencia. Uno de ellos fue María Antonia García, profesora de la UIB. Al igual que lo había hecho antes Alzamora, la antigua consejera aseguró que todas las operaciones venían avaladas por los expertos de la entidad, por lo que no se cuestionó que pudieran ser negativas para Sa Nostra. En líneas parecidas se expresó también el que fuera exvicepresidente, Antoni Borrás.

En los próximos días están citados a declarar otros antiguos representantes del Consejo de Administración que aprobaron las operaciones que ahora se cuestionan. Todos ellos seguirán una estrategia común, es decir, se defenderán insistiendo que se trató de una decisión colegiada, basada en informes favorables. Cabe recordar que el juez Pedraz, que tramita dos querellas de la fiscalía por dos operaciones bancarias distintas, ha impuesto a los investigados una fianza de responsabilidad civil de casi cien millones de eurosfianza de responsabilidad civil de casi cien millones de euros. Para ello ya ha embargado el patrimonio personal de Pere Batle, Pau Dols y Andreu Oliver, entre otros. Los tres ya declararon en su momento en esta causa e insistieron en que fue una decisión del Consejo.