Unas consideraciones antes de proclamar que, por fin, todos los ciudadanos de Balears van a tener derecho a disfrutar de una vivienda digna. Sobre el papel, la normativa incluida dentro de la futura ley de vivienda es de un gran calado porque tendrá la capacidad de cambiar la vida de cientos de familias a las que se les proporcionará un asidero para mantenerse a flote. La letra es impecable, pero su desarrollo ofrece muchas dudas.
Cuando se acaben los pisos, el Govern ofrecerá dinero. Y cuando se acabe el dinero, los beneficiarios de la ley tendrán alfombra roja para acudir a los tribunales. Después, no se sabe.
La reciente aprobación de otra norma, la turística, recuerda otros inconvenientes. ¿Cuántos inspectores designará el Govern para vigilar que las familias cumplan con los requisitos exigidos para disfrutar de la vivienda o de la ayuda? Porque si son los mismos que destinan para inspeccionar el alquiler turístico ilegal o los fondeos sobre posidonia, los tramposos están de enhorabuena.
De momento es un bonito envoltorio al que habrá que dar contenido. Pero sin recursos -el Govern suele reconocer que no los tiene para eludir su responsabilidad- lo que hoy es una buena idea mañana puede convertirse en una chapuza. O en material de derribo si el PP recupera el Consolat dentro de año y medio.
"No es un brindis al sol", declaró el diputado Aitor Morràs para vacunarse contra los escépticos. Podemos sonaba mejor en las plazas que en el Parlament, pero justifica su presencia en las instituciones por iniciativas como esta.
Al partido morado le urge pasar a la acción después de dos años en modo contemplativo. La legislatura se les ha echado encima mientras estaban distraidos en reyertas internas y debates trascendentales sobre si entrar o no en el Govern.
Nada como unas elecciones en el horizonte para recordar que los votos se ganan peleando medidas sociales y no peleando contra tus vecinos de escaño.
