Tanto el Consell Escolar de Mallorca como el de Baleares (máximos órganos de consulta del sector) celebraron ayer sendas sesiones que han generado conscuencias y reproches.
A nivel insular, el PP acusó ayer al Consell Escolar de “querer acabar con la enseñanza concertada” y con la libre elección de centro después de que aprobara el informe de propuestas sobre el proceso de escolarización y la realización de un mapa escolar. El PP, según informó en un comunicado de prensa, votó en contra porque considera “que pretende limitar las opciones de los padres a la hora de escoger un centro para escolarizar a sus hijos”.
La formación, representada en el Consell Escolar de Mallorca por Antonia Roca, argumentó que para el PP “es prioritario que los centros ofrezcan un modelo educativo de calidad y que los padres puedan elegir el que consideren más adecuado para sus hijos”.
“Las familias han de sentirse involucradas en la educación de sus hijos desde el principio y la administración no puede limitar su libertad en el proceso de escolarización”, criticó Roca.
Tanto en el órgano autonómico como en insular se debatieron (y aprobaron) sendas mociones a favor del profesorado y contra la “campaña de despresigio” de la comunidad educativa.
En el Consell Escolar de Mallorca, el PP se abstuvo “por estar en desacuerdo con la redacción de la resolución” y presentó un texto alternativo (que fue rechazado) en que expresaba su apoyo “a la inmensa mayoría de profesores que ejercen de manera ejemplar su vocación ante los que tratan de extender un velo de duda sobre la labor docente”. El partido considera imprescindible “que se depuren responsabilidades cuando se produzcan hechos y conductas denunciables que traspasen el simple ejercicio de la docencia en los centros educativos”.
En el Consell Escolar de Baleares también prosperó la moción “en defensa de la contribución a la cohesión social de las asociaciones de padres y madres de alumnos y de la profesionalidad de sus docentes en el seno de los centros docentes” y de rechazo “a las calumnias y difamaciones efectuadas desde determinados sectores políticos hacia la comunidad educativa, impropia de partidos democráticos”.
El conseller Martí March estuvo ayer en el órgano balear, explicando el presupuesto de 2018. El Consell Escolar tachó de insuficiente las cuentas y, como el año pasado, exigió que al menos supere los mil millones de euros. Concedió que parte del problema es que Balears no está bien financiada.
