Los choques políticos entre el Govern del Pacto de Izquierdas y el Gobierno del PP de Madrid han sido constantes en esta legislatura. Desde las prospecciones, pasando por la tarifa plana de los vuelos entre islas, la ecotasa, el cierre de es Murterar, ampliación del parque de Cabrera, los 280 millones del convenio de carreteras, el convenio de torrentes o los constantes rifirrafes sobre la financiación, entre otros, han sido los choques habituales durante los dos años y medio que llevamos de legislatura. Sin embargo, lo que son conflictos jurídicos de normas o leyes impulsadas por el Govern del Pacto solo hay tres. Esta cifra contrasta con los que se originaron la pasada legislatura entre el Govern presidido por José Ramón Bauzá y el Gobierno de Mariano Rajoy, ambos del PP.

La directora general de Relaciones con el Parlament, Beatriu Gamundí, explicó que cuando se aprueba una norma o tramita una ley, si el Estado ve objeciones, se inicia un proceso llamado de controversia. Es aquí cuando se abre una negociación entre ambas administraciones para intentar corregir o llegar a un acuerdo. En caso no conseguir un entente, el Estado puede interponer un recurso, habitualmente de inconstitucionalidad.

Las controversias jurídicas en tiempos del PP fueron, entre otras, la de la Ley de Ordenación Urbanística Sostenible, la llamada Ley Company, que terminó en arreglo antes de que Madrid interpusiera el recurso. La Ley Turística, conocida como Ley Delgado, corrió la misma suerte.

En cambio, La Ley de Caza, la Ley de Coordinación de las Policías Locales, la de Pesca Marítima, La Ley de Presupuestos de 2014 o el decreto de movilidad interadministrativa de funcionarios están todavía pendientes de resolverse y que el Estado diga si acepta las correcciones que está dispuesto a hacer el Govern. La Ley de Ordenación Minera de 2014 fue objeto de interposición de recurso ante el Constitucional por parte del Gobierno central.

Por su parte, las controversias del Pacto se iniciaron con la modificación de la Ley del ente Público Audiovisual, que al final se llegó a un acuerdo al modificar que IB3 está sujeta a la Ley de Contratos. La Ley de Evaluación de Impacto Ambiental que ya cuenta con un recurso de inconstitucionalidad al considerar el Estado que se invaden sus competencias.

Por último, la Ley de Bienestar Animal, la aprobada por el Parlament para prohibir las corridas de toros en las islas y conocida como Ley de Toros a la Balear, que Madrid ya ha recurrido ante el Tribunal Constitucional de forma directa. En este caso, Madrid ni tan siquiera abrió un proceso de controversia creando una comisión para estudiar las posibles desavenencias. El Estado lo llevó al Constitucional y ni tan siquiera lo comunicó al Govern.