El decreto del catalán en la sanidad pública que establece el conocimiento del catalán como requisito para poder optar a un empleo fijo en el Servei de Salut, continúa su andadura con escaso apoyo sindical.
La mesa sectorial de sanidad celebrada ayer, en la que se debatió un texto con ligeras modificaciones -se permitirá a los trabajadores con plaza en propiedad participar en concursos de traslados sin tener la capacitación lingüística requerida para su categoríaprofesional- concluyó con una votación que demuestra a las claras el escaso apoyo de los trabajadores sanitarios al decreto.
Cosechó cuatro 'noes', del sindicato de enfermería (SATSE), del sindicato médico (Simebal), de CC OO y del CSI-F, y dos abstenciones, la de UGT y la del sindicato de técnicos de enfermería (USAE).
Pese a este nulo apoyo, el texto sigue ahora su tramitación. Primero habrá de pasar por el Consell Consultiu, cuyo dictámen no es vinculante, y más tarde por Consell de Govern antes de su publicación en el Boletín Oficial de esta comunidad.
Jorge Tera, secretario general de uno de los sindicatos más críticos con este decreto, el de enfermería, resaltó que más del 70% de la representación de la mesa sectorial ha votado en contra toda vez que los sindicatos que se abstuvieron no suman, entre ambos, más que el 25%. Y por ello auguró una más que previsible judicialización del texto.
Conflictividad social
El SATSE, por de pronto, adelantó que presentará el correspondiente contencioso-administrativo. Lo que sin duda también harán los servicios jurídicos del Sindicato Médico y el CSI-F.
El presidente de los facultativos de Balears, Miguel Lázaro, lamentó la abstención de las dos centrales asegurando que en estos temas "no cabe la equidistancia porque nos estamos jugando la viabilidad asistencial. Los drets lingüístics han prevalecido sobre el derecho a la salud. Se excluye a los médicos del acceso a un empleo y no por su competencia profesional. Por eso, cada problema que surja para captar a un médico, lo publicitaremos", adelantó augurando al tiempo que el decreto traerá conflictividad social.
"En Can Misses (hospital de referencia de Eivissa) nos están pidiendo confrontación. Y es que lo que no ha hecho ninguna comunidad autónoma (en referencia a exigir como requisito su lengua propia), lo hacemos aquí. Somos líderes en la imprudencia sanitaria", concluyó.
Jorge Tera, por su parte, señaló que habían propuesto alternativas ante lo que consideró una opción "rupturista". "Les hemos propuesto un proceso de implantación del catalán en la sanidad más pausado, pero no nos han escuchado", lamentó.
El secretario general de las enfermeras no prevé que su contencioso-administrativo permita una suspensión cautelar del decreto, pero sí auguró que si se convocan oposiciones hurtando la posibilidad de presentarse a las 3.500 enfermeras sin la titulación idiomática requerida, habra impugnaciones que retrasarán las pruebas.
También confió en que este requisito idiomático no se impondrá para los procesos de contratación temporal para los periodos vacacionales. "Ahora tiene que haber un corte de baremación para que las personas de la bolsa actualicen sus méritos. Y si imponen el catalán para estas sustituciones, se montará la guerra de Troya, porque habrá miles de contratos que no podrán ampliar", auguró el líder del SATSE.
