El Consell de Mallorca ha iniciado un expediente para cesar a la interventora general de la institución, Elena Montejo, alegando la existencia de un "excesivo grado de burocratización y lentitud". Se trata de una funcionaria de habilitación nacional que lleva desde el año 2005 fiscalizando las cuentas de la institución. El expediente de destitución está en fase de alegaciones.

El conseller insular de Hacienda, Cosme Bonet, negó ayer que los motivos para apartar a la interventora sean sus informes contrarios a las operaciones del equipo de gobierno, especialmente poniendo en duda la legalidad de algunos reconocimientos extrajudiciales de deuda para pagar facturas. "Elena Montejo es una gran profesional y ha trabajado mucho por esta institución, pero queremos realizar una reestructuración de toda el área de Hacienda para dotar de más agilidad al Consell y debíamos empezar por el cese de la interventora", indicó Bonet.

Pese a ser un puesto para funcionarios de habilitación nacional, es lo que se llama un puesto de libre designación. Por consiguiente el Consell tiene potestad para su relevo. Lo que ocurre es que para ello debe solicitar un informe, no vinculante, al ministerio de Administraciones Públicas. Este informe del Estado ya ha sido emitido y es contrario al cese.

El conseller Bonet incidió en que la culpa de la "burocratización y lentitud" no es de la funcionaria. No obstante, admitió que tendrán que poner a alguien en su puesto, que forzosamente deberá ser empleado público con habilitación nacional. "Queremos impulsar las intervenciones delegadas en los diferentes departamentos y Elena Montejo seguirá trabajando con nosotros. Lo que ocurre es que creemos en la movilidad de los funcionarios y los puestos directivos", aseveró Bonet.

Pese a ello, en la propuesta de para iniciar el cese de la interventora, documento al que ha tenido acceso este periódico, el propio Bonet firma un duro escrito donde apunta que "se requiere de competencias directivas de liderazgo, coordinación de equipos, organización del trabajo... Por parte de la persona que desarrolle las funciones de interventora, por lo que se han extinguido los motivos del nombramiento, en el año 2005, de la actual interventora. Sin prejuicio de la valía profesional y su dilatada experiencia, consideramos que la señora Elena Montejo no reúne las competencias señaladas."

Esta plaza es una de las más apetitosas de la administración autonómica, ya que el sueldo de estos funcionarios, secretarios e interventores, supera los 100.000 euros anuales.