El Consell de Mallorca aprobó ayer remitir al Parlament una nueva Ley de Caminos y Rutas Excursionistas para que se tramite a nivel parlamentario. Esta nueva norma permitirá a la administración insular expropiar caminos, fuentes, bancales y elementos patrimoniales particulares. Utilizará la declaración de utilidad pública y prevé sanciones de hasta 20.000 euros a los particulares que corten caminos o entorpezcan el paso de los senderistas en las vías consideradas públicas.
Se trata de una norma que, sin duda, traerá polémica. Ha sido elaborada conjuntamente entre el departamento de Medio Ambiente, gestionado por Podemos, y el de Territorio, gestionado por el PSOE. El objetivo final es la creación de una gran ruta circular que rodee Mallorca al estilo el Camí de Cavalls de Menorca y siguiendo la Ruta de Pedra en Sec. A partir de esta, se construirá la de Lluc a Artà, que seguirá hasta la Colònia de Sant Jordi y en un futuro llegará a Calvià pasando por Palma. Para confeccionar estas rutas será precisa la expropiación de numerosos tramos, pero ello se impulsa esta nueva Ley de Caminos y Rutas excursionistasLey de Caminos y Rutas excursionistas.
Según el Consell, la normativa prioriza el "derecho a la ciudadanía a hacer uso de los caminos y rutas sobre los intereses privados". Argumentan que se necesitaba un régimen jurídico para los caminos públicos con el objetivo de "recuperarlos y promover su uso, defensa y mantenimiento".
La nueva norma establece que no solo serán las administraciones públicas quienes podrán reclamar la declaración de utilidad pública de un camino. También lo podrán hacer ciudadanos y entidades. Esta posibilidad es la que más criticaron desde la oposición y la que los propietarios de fincas, especialmente en la Serra de Tramuntana, temen más. Otra de las funciones de la ley es dotar de legitimidad a la administración para poder abrir de forma inmediata un camino que ya ha sido usurpado o cerrado.
Los "caminos deben ser de acceso libre y gratuito y están destinados al uso no motorizado", reza la memoria de la ley. Se prohibe la pavimentación de las vías, salvo en casos excepcionales y siempre previa declaración de interés general.
Los ayuntamientos deberán elaborar un catálogo de caminos públicos y el Consell confeccionará un Plan Sectorial de Caminos con planos y normativas de uso en la red senderista.
Multas de hasta 20.000 euros
La ley contempla importantes sanciones, que las más graves pueden llegar a 20.000 euros de multapueden llegar a 20.000 euros de multa y las graves hasta 6.000. Las leves se pueden llegar a sancionar con hasta 1.000 euros. Entre las sanciones graves destaca la usurpación o el cierre de un camino considerado público, la destrucción del trazado y la prohibición del tránsito de alguna forma. De igual modo, la destrucción o desperfectos en bancales, caminos o elementos patrimoniales también serán sancionados.
Las rutas de interés excursionista también serán reguladas por la nueva normativa, que ayer el Consell aprobó enviarla al Parlament. La finalidad es "recuperar, conservar y fomentar el patrimonio viario tradicional, junto a su entorno, para facilitar la práctica del senderismo".
Desde hace un año el Consell ya trabaja en la elaboración de las rutas senderistas para rodear la isla. Se está trabajando de forma intensa con la línea que une Artà con Lluc aprovechando la ruta de Pedra En Sec. Para ello el Consell está elaborando toda una serie de planes de ordenación específicos para cada una de estas líneas de senderos.
Duras críticas de la oposición
Desde los grupos de la oposición criticaron con dureza el alto grado de intervencionismo. Mauricio Rovira, portavoz del PP, aseguró que "si los particulares se leen el proyecto de esta ley se asustarán y no parece lo más adecuado que la administración pueda expropiar caminos, bancales y fuentes de particulares que a lo largo de generaciones los han mantenido". De igual modo, Rovira criticó que "toda la normativa vaya encaminada a la expropiación sin tener en cuenta el trabajo de propietarios, ganaderos y agricultores".
Antoni Amengual, conseller de El Pi, recriminó que hayan dejado fuera de la participación a los ayuntamientos, ya que muchos cuentan con catálogo de caminos. También puso en duda que el Consell pueda regular caminos en parques naturales como es el de Llevant o de la Serra que gestiona el Govern: "Estamos de acuerdo con la iniciativa de una Ley de Caminos. consideramos que es muy mejorable. Solo piensa en la parte recreativa y no tiene en cuenta que los caminos son vías de acceso al campo". Amengual también censuró que se den "las máximas facilidades a la expropiación cuando este proceso solo se debe poner en marcha en casos extremos".
El presidente Miquel Ensenyat contestó a las críticas de la oposición asegurando que "siempre estamos hablando de caminos públicos y el objetivo es el de fomentar el senderismo, regulando el uso de los caminos y garantizando su conservación".
Ensenyat abundó en que se trata "de un patrimonio que es de todos y queremos que todo el mundo pueda disfrutar de él". El presidente del Consell también destacó la importancia de recuperar espacios públicos de la isla, lo que será posible mediante esta ley.
El PP votó en contra, el Pi se abstuvo y el Pacto y Ciudadanos votaron a favor de la norma.
