¿Qué alcance tiene en estos momentos el problema de la morosidad en las comunidades de vecinos?
Es el gran problema de las comunidades, porque sin dinero no se pueden ejecutar los mantenimientos necesarios en una finca. Y no hacer ese mantenimiento correcto provoca que además los costes para solucionar una deficiencia se terminen disparando. Sin embargo, es verdad que el volumen de los impagados va descendiendo a medida que mejora la situación del empleo.
Resulta llamativo que entre los morosos aparezca la banca, propietaria de viviendas tras desahuciar a los anteriores ocupantes.
Las entidades financieras mantienen una tasa de morosidad importante. No quiero romper ninguna lanza en favor de los bancos, porque no se lo merecen, pero es cierto que ha llegado un momento en el que creo que ni saben las propiedades que tienen, porque no las gestionan directamente, sino que lo hacen empresas que se ocupan de estos activos. Pero cuando has llegado al punto de la entidad en la que puedes cobrar, lo cierto es que tampoco te ponen ninguna facilidad. Deberían ser muy ágiles para pagar y no es así. Los bancos dilatan los pagos todo lo que pueden y te exigen una cantidad de documentación que no tendríamos por qué presentarles, puesto que son propietarios como cualquier otro y esas reclamaciones deberían formularlas en las juntas de la comunidad. Es indignante tener que vivir el suplicio de esta morosidad por culpa de unas entidades a la que además hemos tenido que colaborar para salvarlas entre todos como contribuyentes.
Sin embargo, el volumen de las familias que no pagan porque no puede debe de estar bajando e ir quedando los caraduras de toda la vida.
Efectivamente. La crisis provocó una subida espectacular de las familias que siempre habían pagado los gastos de la comunidad correctamente y que dejaron de hacerlo por culpa del paro. No se puede sacar de donde no hay. Al mejorar el empleo, estas personas empiezan a saldar las deudas que habían adquirido de forma paulatina, y se llega a acuerdos con ellos para que puedan pagar de forma escalonada, aunque sea en dos o tres años.
¿Se está haciendo un mantenimiento correcto de los edificios de viviendas?
En España no tenemos cultura del mantenimiento. En una comunidad de propietarios los hay que son obligatorios y no pueden negarse, como es el de los ascensores, y se hace. Pero debería de hacerse con carácter general y contratar una empresa para ello. Eso supone dinero, pero ¿hacemos un gasto o una inversión? Yo creo que lo segundo. Haciendo mantenimiento también se estropean las cosas, pero la diferencia es que entonces el presupuesto de las reparaciones es muy inferior.
¿Los vecinos son conscientes de las responsabilidades en las que pueden incurrir en caso de accidente por esa deficiente conservación del edificio?
Si la comunidad tiene conocimiento de que hay un peligro y no se actúa sobre él, el seguro puede poner problemas para pagar. Pero una cosa es el coste económico para la comunidad, y otra mucho más grave la responsabilidad penal en que pueden incurrir el presidente y el administrador de la finca si el accidente genera una muerte, por ejemplo, y eso es algo que ha ocurrido. Por eso a veces los administradores tomamos decisiones sin la autorización de la junta. Si veo que algo entraña un peligro, mi obligación como administrador es actuar de forma inmediata, y luego dar cuenta al presidente y a la junta de propietarios. Y el acuerdo no es si se va a reparar o no, que es sí o sí, sino qué presupuesto elegimos.
¿Los administradores también deben de lidiar con problemas de convivencia?
Sí, y muchas de las cosas que dan no son problemas de elementos comunitarios, sino interpersonales. Son problemas entre el vecino del tercero y el cuarto porque el del cuarto hace ruido. Los administradores debemos intentar mediar para que la convivencia sea pacífica dentro de las comunidades, aunque sean temas personales. De hecho, hay conflictos que se terminan judicializando y no deberían de llegar a ese extremo. Por eso el próximo 1 de diciembre presentaremos un nuevo servicio de mediación que vamos a poner en marcha en el Colegio. Queremos evitar que se llegue a los Tribunales y que sea un mediador el que resuelva estas tensiones.
¿El alquiler turístico genera problemas en las comunidades de propietarios?
Algunos. Pero hay que diferenciar entre lo que realmente es un problema y lo que es algo que a mí no me gusta. Cuando alguien hace ruidos o un mal uso de elementos comunes, eso son realmente molestias.Pero no alegar que en la piscina hay gente que no conozco, que son las que más nos llegan. En cualquier caso, hoy tenemos una ley, que estará o no bien hecha y que nos gustará o no, y que contempla que en una comunidad de propietarios deben de autorizarse el alquiler turístico por mayoría.
¿Esa autorización no va a generar problemas entre vecinos?
Estoy convencido de que un vecino al que la comunidad le prohiba el alquiler turístico y lo lleve a los Tribunales, va a ganar. No creo que nadie pueda autorizarme o no lo que yo pueda hacer en mi propiedad. Pero eso es algo que ya veremos más adelante.
El Colegio está impulsando estos días la formación de los administradores.
Es fundamental porque tenemos que estar al día en muchos ámbitos, con numerosas normativas que tenemos que conocer y que aparecen cada día. Somos un colectivo que tiene que estar muy preparado. En las terceras jornadas que hemos organizado tocamos desde el tema de los concursos de acreedores a la ética o cómo protegernos de la piratería informática.
¿Su sector padece también la competencia desleal?
Sí. Hay gente que administra fincas sin titulación, y son bastantes. ¿Pueden saber? Quizás. ¿Pero cuando cometen algún fallo el cliente tiene alguna garantía? ¿Alguien se iría a un médico que, por mucho que sepa, no tiene la titulación pero ejerce? ¿O a un abogado? Yo preferiría trabajar con profesionales. Y que si alguien realiza alguna actuación poco ética, yo tenga un sitio donde van a defender mis intereses como es el Colegio, donde tenemos un régimen disciplinario. El único que puede decir que es administrador de fincas es el que está colegiado, como exige un decreto ley.
