Jaume Matas confesó ayer, por primera vez, que cometió un delito de prevaricación como consecuencia del dinero que el Govern que presidía entregó, a través de la sociedad pública Ibatur, a la empresa de publicidad Nimbus para que lo invirtiera en la campaña de promoción del campeonato ciclista que se celebró en la inauguración del velódromo Palma Arena. Con esta serán seis las condenas al expolítico del PP por esta macrocausa.
Esta confesión de Matas es más formal que efectiva, puesto que no le representa más que una pena de inhabilitación porque se trata de un delito de prevaricación, que no contempla castigos que supongan el ingreso en prisión. Pero es un hecho simbólico puesto que es la primera vez que Matas reconoce que ha cometido un delito, eso sí, después de conseguir alcanzar un acuerdo con la fiscal Laura Pellón y con la abogada de la Comunidad autónoma María Ángeles Berrocal. El pacto le ha supuesto rascarse el bolsillo, ya que ha tenido que consignar en el juzgado la cantidad de 35.000 euros, que representa el diez por ciento de los 350.000 euros que el Govern entregó a Nimbus. El hecho de que el propietario de esta empresa, Miguel Romero, falleciera antes del juicio ha sido una circunstancia clave para que las acusaciones acepten dicha conformidad, ante las dificultades que existían para demostrar otros delitos, más allá de la prevaricación. Matas era el primer interesado en alcanzar un pacto, para ir cerrando casos, ya que el mes pasado la Audiencia de Palma le condenó por dos de las piezas del caso Palma Arena, la primera por la contratación de los arquitectos del velódromo y la otra por el acuerdo que alcanzó con Santiago Calatrava para diseñar una ópera en Palma.
Inicialmente, la Abogacía de la Comunidad también perseguía a Matas por el contrato sobre la publicidad del evento deportivo, con un presupuesto de 850.000 euros, que consiguió la empresa Nimbus. Un concurso en el que, precisamente, fue la única empresa que se presentó. La fiscalía entendía que no se podía demostrar que existía delito en esta contratación, debido a que se convocó un concurso, el presupuesto de la campaña estaba acorde con el precio del mercado y, además, los trabajos se habían realizado. Finalmente, y para atar el acuerdo que, entre otras cosas, evitaba celebrar un juicio que iba a durar cuatro días, la Comunidad autónoma acordó sumarse al planteamiento de la fiscalía, retirando la acusación en una de las piezas.
A efectos prácticos, más allá de la cuestión económica, esta confesión a Matas no le representa ningún problema, salvo que suma una condena más. Una vez que ha pagado el dinero, con este pacto, también se garantiza evitar la posibilidad de ir a prisión, toda vez que no le preocupa ir sumando años de inhabilitación, ya que no tiene intención alguna de ocupar de nuevo ningún cargo público.
Confesó sin confesar
En el caso Nóos, Jaume Matas también había alcanzado un acuerdo previo con la fiscalía. En principio, entregaba dinero y confesaba los hechos. Al final solo cumplió la primera de las condiciones, al entregar 900.000 euros tras la venta del palacete de la calle Sant Felio. Sin embargo, a la hora de confesar, no lo hizo. Al final, el tribunal condenó a Matas a tres años de cárcel, pero el expresident confía en que el Supremo rebaje esta sanción.
Matas, cada vez ve más cerca, el final de sus procesos judiciales. Todavía le quedan varias causas por las que tendrá que defenderse, pero solo en una de ellas existe la posibilidad de que sea condenado a pena de prisión. Se trata del caso Over tampoco está relacionado directamente con el proceso de construcción del velódromo. Precisamente, sobre este caso solo quedan tres piezas por juzgar y posiblemente se juzguen dos de ellas en el mismo juicio. En una de ellas, que es la principal, aparece Matas como investigado y se sentará en el banquillo de los acusados por un delito de prevaricación. En las otras dos su presencia en la causa no está nada clara y está por ver si termina sentado en el banquillo.
Una vez que ya ha pasado tantos años desde que se iniciara esta investigación, pese a las sospechas iniciales de que el expresident pudo enriquecerse ilegalmente a través del cargo público que representaba, al final ninguno de estos indicios se ha podido confirmar con pruebas. Ni tampoco se ha podido localizar ni un solo euro de las comisiones ilegales que los investigadores estaban convencidos que había cobrado aprovechándose de su cargo de presidente.
