Los jueces de paz están al borde de la extinción. Irreemplazables en la Mallorca rural, desconocidos para quienes viven en la ciudad, la supervivencia de esta figura está en peligro por culpa de la ley 20/2011 que prevé una reforma de calado en todo el ámbito judicial, incluyendo el Registro Civil.
"Tienes que saber escuchar, eso es lo primero y más importante de nuestro trabajo", cuenta Damià Payeras, juez de paz de Muro desde hace seis años. "No dictamos sentencias, pero intentamos poner de acuerdo a dos personas. A veces alguien solo quiere que le escuchemos. Es vocacional, no lo haces por dinero. Nos basta el reconocimiento de la gente. Seguro que otros servirían más, pero yo conozco a todos los vecinos", añade Payeras, que antes de jubilarse trabajó en la banca y fue regidor en el consistorio de Muro.
La aplicación de la ley 20/2011 ha sido aplazada en dos ocasiones, lo que ha dado oxígeno a un colectivo que en los últimos años ha visto drásticamente reducidas sus competencias. A día de hoy, los jueces de paz de Mallorca y del resto del Estado tienen potestad para celebrar matrimonios, certificar defunciones, nacimientos, expedir fe de vidas, anotaciones de divorcios y mediar entre vecinos en casos de faltas leves como insultos o particiones de tierras.
"Quieren centralizar todo el Registro Civil", afirma Biel Genovard, juez de paz de Maria de la Salut. La nueva ley prevé cerrar miles de oficinas del Registro Civil en todo el Estado después de digitalizar los datos que custodian. Notarios y registradores de la propiedad pasarán a realizar, cobrando, buena parte del trabajo que ahora realizan los jueces de paz gratuitamente.
Menos atribuciones
"Nos han ido quitando funciones. Ya no tenemos competencias en delitos de faltas como injurias y amenazas sin heridos. Pero siempre intentamos estar a la altura de las circunstancias", afirma Genovard, licenciado en Derecho pese a que nunca había ejercido la abogacía.
En Mallorca todos los municipios menos Palma, Inca y Manacor cuentan con un juez de paz. Hay una convocatoria cada cuatro años, y para presentarse basta ser mayor de edad, ser español y tener un expediente limpio de delitos. Están apoyados por al menos un secretario judicial, que suele ser un funcionario del municipio, y ejercen en salas habilitadas en los consistorios. En la escala judicial, son el peldaño inmediatamente inferior al del juez de Instrucción.
"Me presenté porque en el pueblo nos conocemos todos y estaba cansado de que uno o dos partidos vinieran a buscarme para ponerme en sus listas. Así que lo hice para escapar de la política", relata Pere Mas, juez de paz de Felanitx. Primero quince años como sustituto y los últimos ocho como titular.
"Nos han quitado muchas atribuciones. Recuerdo cuando hacíamos levantamientos de cadáveres cuando había un suicidio. La policía judicial te llamaba a horas intempestivas porque sabía que siempre estábamos disponibles", evoca Mas.
Esa disponibilidad es reivindicada por todos los representantes de este colectivo entrevistados para este reportaje. Aseguran que si desaparecen, sus vecinos se quedarán sin un servicio de proximidad muy necesario, lo que se traducirá en un mayor colapso en los juzgados de Inca, Manacor y Palma.
Más matrimonios que la iglesia
Hay un innegable componente vocacional. Un juez de paz de localidades relativamente pobladas como Calvià, Sóller o Marratxí cobran cerca de 800 euros brutos cada trimestre. En municipios más pequeños como Maria de la Salut perciben en torno a 180 euros trimestrales.
"Es una aportación que hago a la sociedad, y en concreto a mi pueblo. Me siento orgullosa porque soy la primera mujer que llega a ocupar esta responsabilidad. Y además siendo malagueña de nacimiento. Es un honor. Me acuerdo de mis padres, que emigraron aquí en busca de una vida mejor", explica Rosario Sánchez, jueza de paz de Pollença desde hace quince años.
Es incapaz de recordar a cuántas parejas ha casado a lo largo de estos quince años. "Quizás una veintena cada año. A alguno les he casado dos veces", recuerda entre risas.
Sánchez, que como muchos de sus homólogos, no había tenido ninguna vinculación con el mundo de la judicatura antes de presentarse al cargo, explica cuáles son las particularidades de Pollença. "Es habitual pedir una fe de vida. Si tienes una barca, el club náutico te pide que demuestres que estás vivo para conservar el amarre. También hay gente que las necesita para cobrar pensiones del extranjero, como los que trabajaron años en Francia recogiendo fruta", explica.
"La mayoría de problemas son de convivencia entre vecinos. Temas de fincas, ruidos, un cubo de la basura demasiado cerca de la otra puerta... Pero ellos tienen que tener intención de llegar a un acuerdo", indica Sánchez.
La desaparición del juez de paz implicaría perder a una figura mediadora y conciliadora que alivia el tráfico de denuncias que cada día llegan a los juzgados de Instrucción. "Muro perdería una figura cercana a la gente. Por ejemplo, medié en un caso en el que un hombre se quejaba de que el árbol de su vecino invadía su parcela. Bien, pues si desaparecemos la próxima vez tendrá que contratar un abogado e irse a reclamar al juzgado de Inca", ilustra Payeras. "No dictamos sentencias, pero hacemos un trabajo muy necesario", añade.
En la Mallorca rural, casi todos los litigios en los que intermedian se refieren a lindes de fincas y caminos particulares. "Hay que tener empatía y mucha mano izquierda. Normalmente te has ganado el respeto de tu pueblo si no has generado controversias. Hay que saber escuchar y tener poder de convicción", indica Genovard, juez de paz de Maria.
"En Pollença los límites son antiguos, hay muchos y hay que buscarlos en el registro. Antes un camino debía tener el espacio justo para que pasara un carro de caballos. Ahora los coches son más anchos y eso genera problemas", explica Sánchez.
Tiene que haber un compromiso previo por parte de los litigantes de que acatarán la resolución del juez de paz. La alternativa es buscar amparo en la justicia ordinaria.
"Oficiamos el triple de matrimonios que la iglesia", recuerda Mas, de Felanitx. Y de manera gratuita, recuerda. "Este año en Muro llevamos unas 40 bodas", señala Payeras.
Reivindican su trabajo mediando y evitando litigios menores que se amontonarían en los atestados juzgados ordinarios. Y esperan que nueva la ley sirva para acometer una reforma en profundidad de la justicia, pero respetando una figura conciliadora y casi voluntaria.
