Los políticos quedan avisados. El que decida saltarse la ley es mejor que se dedique a saquear las arcas del Estado antes que a crear un nuevo país. Aunque el robo dure años y la independencia no se prolongue más de cuatro horas. Aunque el atraco sea grandioso y la república liliputiense. Es el envés del patriotismo facilón consistente en enarbolar y besar los trapos de las banderas, en oposición al auténtico, que pasa por pagar lealmente los impuestos y administrar escrupulosamente cada euro del Tesoro.
Es la opinión, probablemente, de la mayoría de los ciudadanos. La Justicia avala los deseos del pueblo con sus actos más recientes. Por eso Junqueras y ocho consellers del Govern de Puigdemont están en prisión sin haber sido juzgados. Por la misma razón, Rodrigo Rato y la mayoría de los asaltantes de Bankia no han pisado una celda pese a que ya se ha dictado una sentencia condenatoria, aunque aún no es firme. Por eso el cobarde presidente de la non nata república está en Bélgica promoviendo el descrédito de Cataluña y España y la juez ha ordenado su detención. Idéntica razón por la que los casos de corrupción política -incluido el de las comisiones del 3% de los Pujol y Convergència- se prolongan durante años y llevarlos a juicio es más difícil que que un camello pase por el ojo de una aguja.
Algunos defienden que la Justicia toma sus decisiones sin tener en cuenta las consecuencias políticas. Según este argumento, la juez Lamela ordenó el ingreso en prisión de los políticos catalanes sin importarle que su auto fuera gasolina para unos independentistas que andaban de capa caída tras el nulo reconocimiento internacional de su república, la emigración de empresas a otros lares y el hecho esperpéntico de que la separación se aprobara en un pleno del Parlament con votación secreta y con un president que ni siquiera abrió la boca.
El Tribunal Supremo, que investiga unos hechos similares a los que se ven en la Audiencia Nacional, ha tomado unas primeras medidas muy distintas a las adoptadas en el otro juzgado.
La imagen de una Justicia ciega es falaz. Lo dijo el magistrado mallorquín Guillem Vidal, que presidió el Tribunal Superior de Cataluña: "Debajo de las togas hay sexo e ideología". Lo prueban las decisiones judiciales que evitaron que Jaume Matas declarara, solo declarara, por el caso Mapau, lo que probablemente nos hubiera evitado los bochornos de su segunda legislatura. Lo demuestra el "cambio de criterio" del tribunal que consideró compatible la farmacia de José Ramón Bauzá con la presidencia, justo lo contrario que sentenció con respecto a la exconsellera de Sanidad Aina Salom.
El primer riesgo del embrollo catalán es que la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte de Mariano Rajoy, los encarcelamientos y las patochadas bruselenses de Puigdemont no sirvan para nada. Que el 22 de diciembre, el día después de las elecciones, la composición del Parlament sea similar a la actual o peor para quienes se oponen al secesionismo.
El segundo peligro de la crisis política en que se encuentra sumida España es que algunos oportunistas intenten castigar a las autonomías por los excesos catalanes. Una nueva recentralización promovida aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid. Por ejemplo, Albert Rivera, un timorato incapaz de pronunciar en un mitin el nombre legal y estatutario de la lengua cooficial de Balears, ya ha acusado a los profesores de las islas de practicar el "adoctrinamiento" en las islas. Por supuesto es falso. Primero porque si realmente fuera cierta la acusación del líder de Ciudadanos estaríamos ante el mayor fracaso de la historia: el PP es el partido mayoritario en una sociedad en la que, según Rivera, los educadores tienen como único objetivo fabricar izquierdosos separatistas. La realidad es que el colectivo de profesores es plural como la sociedad. No existe ninguna razón para retirar las competencias educativas a las comunidades.
Algunos soñarían con completar la ofensiva antiautonomista con una reducción de recursos económicos o, en el caso muy concreto de Balears, promoviendo el secesionismo lingüístico, incluso contra la ley y la ciencia.
El proceso político en el que nos encontramos sumidos es consecuencia de un largo encadenamiento de equivocaciones políticas. Lo hecho ya no puede corregirse sin dejar un borrón. El peligro es que se insista en el error con contumacia. Que la providencia nos libre de más desatinos.
