"Desde luego, el plazo para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley turística por parte del Gobierno central concluyó el pasado 31 de octubre. La ley se publicó en el BOIB el 31 de julio y el pasado martes se cumplieron los tres meses de plazo que tenían para recurrir", explicaron ayer fuentes oficiales de la conselleria de Turismo.

Un departamento que, con todas las salvedades posibles hasta tener la confirmación oficial de que Madrid ha desistido de recurrir la norma balear, calificó esta circunstancia como "una buena noticia que nos permitirá seguir trabajando en la regulación del alquiler vacacional con seguridad jurídica".

Preguntada delegación de Gobierno en las islas por la posible interposición del recurso por parte de alguna instancia del Ejecutivo central que no hubiera sido comunicada todavía al Govern, esta evacuó la correspondiente consulta sin recibir contestación alguna al cierre de esta edición.

"Lo normal es que cuando el Gobierno de España quiere interponer un recurso de inconstitucionalidad contra una ley autonómica convoque antes la comisión bilateral para comunicar al Govern qué puntos cree que vulneran la normativa estatal e intentar llegar a un acuerdo que evite recurrir a los tribunales", explicaron desde el departamento de Innovación, Investigación y Turismo.

"Lo más razonable es pensar que no presentarán el recurso pero no hay que descartar que lo hagan extemporáneamente, esto es, una vez agotado el plazo para hacerlo, otras veces ya lo han hecho. No podemos por tanto garantizar al cien por cien que no se vaya a recurrir la norma aunque todo parece indicar que así ha sido. Y con este desestimiento se demostraría que hemos respetado la normativa estatal y que hemos regulado el alquiler vacacional en aquellos ámbitos que son competencia tanto de la CAIB como de los Consells insulares y de los ayuntamientos", resaltaron desde Turismo.

Concluyó el departamento de Barceló, en clara alusión a las críticas recibidas la víspera desde la Asociación de Apartamentos y Viviendas de Alquiler de Temporada de Balears (Aptur), recalcando que su ley "regula el alquiler turístico, no lo prohíbe. La norma que lo prohibía en las plurifamiliares era la anterior ley Delgado, que hay que recordar que no fue recurrida por Madrid".Legalización "accesible"

Por otra parte, el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Rafael Gallego, instó ayer a las Administraciones a tomar medidas "accesibles" para legalizar los apartamentos turísticos, un producto que tiene demanda y que representa una ayuda económica para "muchas familias".

El presidente de la Confederación pidió a los gobiernos que no creen focos de conflicto donde no los hay, en referencia a la "turismofobia" en Barcelona y Balears. A los políticos que en su día "abrieron la veda de la turismofobia", dijo citando a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y al conseller de Turismo Biel Barceló, les pidió que se dediquen a que las infraestructuras turísticas estén en buenas condiciones y no creen conflictos donde la convivencia es "perfecta".