El presidente de la asociación Empresaris de Catalunya, Josep Bou, expresó ayer su conformidad con el encarcelamiento del exvicepresidente y de los exconsellers de la Generalitat, decidido por la Audiencia Nacional.

"Si una juez ha decidido dictar prisión, nosotros decimos amén. Igual que dijimos amén a [la prisión de] Díaz Ferrán, Correa, Ignacio González, Bárcenas...", argumentó Bou, en referencia a casos de corrupción política y empresarial de los últimos años.

Bou se manifestó ayer de este modo en el hotel OD Portals (Calvià), donde protagonizó una rueda de prensa convocada por GE Business Club, en la que vino a justificar la decisión judicial al entender que el expresident Carles Puigdemont, actualmente en Bruselas, ya había mostrado a sus compañeros de gabinete "el camino de la fuga". "A los empresarios, la aplicación de la ley nos encanta", se reafirmó.

Al frente de esta asociación empresarial que nació para luchar contra el proceso independentista, Bou advirtió de las consecuencias económicas que tendría para Catalunya el agravamiento de la actual situación política.

Según expuso, "si no se frena esta sangría" de fugas de empresas - "más de 2.000"- y de inestabilidad política, la previsión es que se produzca, en un plazo de dos años, un retroceso del 2,5% en el Producto Interior Bruto (PIB), lo que equivaldría a la pérdida de 30.000 millones de euros. Una caída que redujo hasta el 0,3% del PIB (3.500 millones de euros), en el caso de que el escenario de crisis no vaya a más.

Sectores económicos

"El nacionalismo ha perjudicado la base económica de Catalunya", manifestó Bou, quien enumeró las pérdidas que han sufrido sectores como el de la restauración - "con caídas del 30%"-, las grandes superficies y el pequeño comercio.

Mencionó también la caída de las reservas hoteleras, de hasta el 50%, así como el hecho de que se haya descartado a Barcelona como sede de la Agencia Europea del Medicamento, lo que, dijo, hubiese supuesto la creación de "4.500 a 5.000 empleos".

Respecto a la idoneidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución, el presidente de Empresaris de Catalunya, al frente de las panaderías Bou, aseguró que "ante una situación límite hay que responder con medidas límite". "En Catalunya, se ha destruido la democracia. El Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer en defensa de los intereses de todos los catalanes", agregó.

Bou dijo no estar preocupado por una victoria del bloque independentista en las elecciones del 21-D, ya que consideró que, con el precedente de la aplicación del 155, "ya no se atreverían a saltarse la ley". Cuando se le preguntó qué opinaba de un posible referéndum pactado, respondió que no lo veía viable, porque el artículo segundo de la Constitución "no lo permite" al establecer la unidad "indisoluble" de España.

Empresaris de Catalunya se fundó en 2014, con el fin de "dar voz a los empresarios y profesionales de la empresa" que se posicionan contra el proceso independentista.

Su primer presidente, Mariano Ganduxer, participó también en la fundación de Societat Civil Catalana.