La querella que ha presentado la Fiscalía Anticorrupción, basada en la denuncia del Banco de España, ante la Audiencia Nacional contra la antigua cúpula de Sa Nostra cuestiona que la desaparecida caja de ahorros aprobara operaciones económicas donde corría un alto nivel de riesgo, que no era acorde con las ganancias. Se refiere la acusación a la operación con el grupo de construcción Sotohermoso, en el que la caja realizó negocios a través de su sucursal Invernostra. Esta empresa realizó varias ampliaciones de capital. La empresa relacionada con sa Nostra tenía un 35,01% de las acciones de la sociedad, insuficiente para su control, participando en dos ampliaciones de capital que representó una inversión de casi dos millones y medio de euros. Invernostra participaba en esta empresa con otros dos socios, pero fue la caja de ahorros la que asumió la financiación de la ampliación de capital de los otros inversores. Es decir, el dinero que aportó sa Nostra representó el 72% de la ampliación, pero su nivel de participación en la empresa seguía siendo el mismo. A pesar de la ampliación de capital la empresa no tuvo un éxito económico, si bien los inspectores cuestionaron que en el caso de que se hubiesen logrado beneficios, el porcentaje que hubiera recibido sa Nostra no hubiese sido acorde con la inversión que tuvo que realizar.

Los denunciantes tienen muy claro que esta operación fue estudiada por el Consejo de Administración de Invernostra y se analizó la sociedad Sotohermoso como una de las empresas participadas con problemas de liquidez, con dificultades para renovar los préstamos y, sobre todo, con socios sin recursos económicos para acudir a las ampliaciones de riesgo. La fiscalía acusa a los directivos de sa Nostra de haber aprobado estas operaciones sin tener en cuenta el nivel de riesgo que corría la caja de ahorros al realizar estas inversiones, sobre todo si se tiene en cuenta que se realizaron en plena crisis del ladrillo, cuando esta empresa estaba dedicada al negocio de la construcción.

Los inspectores del Banco de España denunciaron también que no toda la financiación aportada a Sotohermoso se dedicó a las operaciones previstas, sino que se desvió a otros proyectos de la empresa. Muchas de estas operaciones están todavía por analizar y es una de las líneas de investigación que está siguiendo el juez de la Audiencia Nacional.

Como consecuencia de la operación Sotohermoso el juez ha impuesto a los directivos que intervinieron que paguen una fianza de responsabilidad civil de 71 millones de euros, cantidad que han avalado con sus bienes.