El Servei de Salut derivó el año pasado a doscientas cincuenta mujeres a alguna de las tres clínicas privadas abortistas con las que mantiene un concierto para realizar este tipo de intervenciones y pagó por ello un total de 77.010 euros, una media de 308 euros por cada aborto.
Aquí cabe recordar que del total de 3.022 interrupciones del embarazo realizadas el año pasado, 1.680 (55,6%) se hicieron en centros sanitarios de titularidad pública mientras que los 1.342 restantes se practicaron en clínicas privadas.
Habida cuenta que 250 de estas últimas fueron sufragadas con dinero público al no contar el IB-Salut con los recursos necesarios para llevarlos a cabo, cabe concluir que un total de 1.092 abortos, más de uno de cada tres, los pagaron las mujeres de su propio bolsillo a pesar de tener reconocida esta prestación en la cartera de servicios de la sanidad pública balear. Interrumpir un embarazo, pese a que no sea deseado, no es un trago de buen gusto para nadie y muchas de las mujeres que deciden dar este paso prefieren hacerlo de la forma más anónima posible.
Dos leyes
Este país ha tenido dos leyes sobre el aborto. La primera de ellas, de 1985, lo despenalizaba en tres supuestos: violación, riesgo para la salud física y psíquica de la madre y malformación el feto. En 2010, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la ley de plazos actualmente en vigor que permite el aborto libre en las 14 primeras semanas de gestación.
Esta nueva legislación más permisiva permitió revertir una situación enquistada en las islas: que prácticamente el 95% de los abortos se practicaran en las clínicas privadas al negarse los obstetras y ginecólogos que trabajaban en la pública a realizarlos acogiéndose a su derecho de declararse objetor de conciencia.
Esta situación se revertió en el año 2012 -la ley Zapatero entró en vigor en julio de 2010- cuando ya el 45% de los abortos se hicieron en la pública frente al 5,6% del año anterior. Buena parte de la culpa de este vuelco que llegó para quedarse la tuvo, sin embargo, la generalización del aborto mediante una píldora abortiva y el hecho de que el hospital Verge de la Salut, adscrito a Son Espases, asumiese buena parte de estas intervenciones que el objetor servicio de ginecología del hospital de referencia se negaba reiteradamente a hacer. Esta circunstancia la corrobora el dato de que el año pasado, 1.889 abortos fueron químicos y 1.121 quirúrgicos. Seis combinados y otros 6 en los que no consta el método completan las 3.022 IVEs.
Por último, para terminar con esta radiografía del aborto en las islas, cabe decir que el 43% de las mujeres que detuvieron su gestación eran extranjeras y que las nacionalidades más numerosas fueron la ecuatoriana (140), seguida de la rumana (107) y la boliviana (107).
