La conselleria de Agricultura que dirige Vicenç Vidal sacó ayer exposición pública, mediante la publicación en el Boletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), el anteproyecto de la nueva Ley Agraria. Uno de los principales objetivos es el fomento de la producción y consumo de productos locales. Dentro de este ámbito, introduce un apartado donde las administraciones públicas que contraten servicios de comedor deberán exigir toda una serie de productos de proximidad, frescos y ecológicos. No especifica que tengan que ser de Balears, pero sí que introduce parámetros donde los locales tendrán prioridad.
De esta forma, se quiere que hospitales, comedores escolares, residencias geriátricas o centros adscritos a la administración prioricen en sus concursos públicos los productos naturales y frescos y ecológicos.
La nueva Ley Agraria explica que en aras "a preservar los valores sociales y ambientales las administraciones públicas, en sus contrataciones de suministros alimentarios, deberán seguir criterios ambientales de preservación del medio ambiente, de lucha contra el cambio climático, de reducción de consumo energético y de mejora de la eficiencia de la cadena alimentaria".
De esta forma establece que las contrataciones de alimentación en las administraciones públicas deben incluir: productos de calidad diferenciada, productos ecológicos, productos de venta de proximidad, productos frescos y productos de temporada".
Si bien no especifica que deben de ser exclusivamente de las islas, para evitar que tanto Madrid como la Unión Europea tumben la nueva normativa, sí que pone unas pautas para favorecer que las administraciones públicas contraten productos de la tierra.
Por otra parte, la nueva Ley Agraria que ya está en exposición pública contempla la figura de los agroparques. Se trata de extensiones de terrenos en las inmediaciones de cascos urbanos donde se desarrollará la actividad agrícola y se evitará que el suelo urbano se apodere de las tierras de cultivo. Asimismo, hace una apuesta clara por los bancos de tierras, de forma que los agricultores que precisen terrenos para cultivar puedan disponer de las parcelas de estos bancos. Govern, consells y ayuntamientos podrán crear diferentes bancos de tierras. Por ello, se crea la figura de zonas de alto interés agrario.
Otra de las novedades es que se incluyen medidas para la adaptación al cambio climático, por ejemplo, con el contrato territorial. Esta figura consiste en compensar los costes que representa para los payeses el mantenimiento de toda una serie de externalidades sociales y ambientales: los márgenes, las acequias o los caminos; elementos que tienen una gran importancia para la dinamización de otros sectores económicos como es el caso del turismo.
La normativa, que estará 15 días en exposición pública, apuesta por el producto local y el patrimonio fitogenético, se crea el Catálogo de Variedades Locales y se introduce la posibilidad de tramitar que no se autorice la siembra de transgénicos.
De igual modo, se recoge la obligatoriedad de cumplir la Ley estatal de sanidad vegetal, en virtud de la cual las fincas se tienen que mantener en buenas condiciones y se tiene que alertar a las autoridades sanitarias si se sospecha de la presencia de una plaga, como la de Xylella fastidiosa.
Permite la exoneración de parámetros, como las construcciones de uso exclusivo agrario. También fomenta la venta directa de productos en las explotaciones, pero solo permite una tienda de 75 metros cuadrados.
Entre las novedades que pueden desatar la polémica están las llamadas agroestancias, que permitirán a las explotaciones agrícolas poder alojar a personas en varias habitaciones sin necesidad de convertirse en agroturismos.
