Las dos querellas presentadas por la fiscalía Anticorrupción, tramitadas en la Audiencia Nacional, coinciden en que la antigua cúpula directiva de sa Nostra provocó la quiebra económica de la histórica caja de ahorros de Baleares en operaciones económicas en un periodo de cinco años, que precisamente coincide con la crisis económica. Un periodo que va desde el 2005 a 2010 periodo que va desde el 2005 a 2010, donde la dirección de la caja de ahorros apostó por apoyar, a través de dudosas operaciones, a empresarios envueltos en la crisis del sector del ladrillo. Una inversión fallida pero que, según sostienen los directivos, se realizaron para salvar las inversiones iniciales de estos empresarios, si bien las operaciones fracasaron, dejando unas pérdidas de alrededor de cien millones de euros. Los balances económicos negativos de la caja de ahorros hicieron inviable la actividad de la sa Nostra, que se vio obligada a integrarse en el grupo BMN.
La querella de la fiscalía incluye los nombres de los integrantes del Consejo de Administración de sa Nostra e Invernostra, pero destaca por encima de todo las figuras de Pere Batle, exdirector general, Pau Dols, exdirector adjunto, y el subdirector y consejero de Invernostra (la inmobiliaria de sa Nostra), Rafael Oliver. También aparece nombrado el que fuera presidente de la entidad, Fernando Alzamora, quien está siendo investigado, al igual que el resto de la cúpula directiva.
La fiscalía está dispuesta a mantener frente a la Audiencia Nacional la acusación de que los responsables de sa Nostra cometieron delitos económicos que llevaron a la ruina a la caja de ahorros y, por tanto, generando un millonario perjuicio patrimonial.
Anticorrupción ha propuesto a la Audiencia Nacional que investigue, de forma individual, las dos grandes operaciones que fueron denunciadas por el Banco de España ante las sospechas de delito. Una de ellas se refiere al Grupo Martín Gual y la otra al Grupo Sotohermoso. La fiscalía se basa, precisamente, en el informe de los inspectores del Banco de España, que concluyen que estas operaciones de financiación sobre el sector del ladrillo se realizaron sin la "valoración real de los riesgos" y, sobre todo, "con ausencia de elementales medidas de protección del patrimonio de la caja de ahorros". Esta es la síntesis sobre la que se fundamente la querella de la fiscalía, que pretende demostrar que la actuación de los directivos de sa Nostra, al aprobar estas operaciones de inversión, se complementaron con un "deficiente control respecto de la financiación concedida". Y se sitúa el mayor incremento de riesgo de la caja de ahorros en el periodo de 2008 a 2010.
A través de la operación del Grupo Martín Gual, la caja de ahorros invirtió en la compra de terrenos en Palma y en Valencia. Destaca la finca de Son Bordoy, que está ubicada en la barriada del Molinar, que tiene la calificación de terreno rústico. En cuanto al otro grupo, las inversiones inmobiliarias se realizaron en terrenos de Andalucía, que eran propiedad del Grupo Sotohermoso.
Inspecciones
El Banco de España, a través de una inspección ordinaria realizada en el año 2009, ya puso de manifiesto las irregularidades de gestión que se estaban cometiendo en la caja de ahorros de Baleares. Un dato que la fiscalía considera muy importante, por cuanto los técnicos ya apreciaron graves deficiencias en el control de crédito, en especial en los procesos de "análisis, concesión y seguimiento de las operaciones", según se destaca en la querella.
Los inspectores denunciaron errores de bulto en la asignación de los riesgos a los diferentes grupos económicos, pero además también denunciaron que sa Nostra carecía de una política definida en cuanto a la refinanciación de las operaciones. El juez Pedraz, de la Audiencia Nacional, por petición de la fiscalía, está investigando una serie de salidas de capital desde sa Nostra que terminaron en cuentas bancarias de Portugal y de Suiza. Estos traspasos no los realizaron los directivos de la caja de ahorros de Balears, sino que es el Grupo Martín Gual, aprovechándose de la financiación que le había concedido sa Nostra, la que deriva estos fondos al exterior.
El magistrado ya ha tomado declaración a los principales directivos de sa Nostra, que justificaron las operaciones. Mantuvieron que estas operaciones se realizaron con el objetivo de salvar las actividades de sus clientes, que habían amenazado con entrar en concurso. Se les prestó dinero para intentar salvar la situación de estas empresas y para no perder lo invertido.
