La Asociación de Apartamentos y Viviendas de Alquiler de Temporada de Balears (Aptur) acusó ayer al Gobierno central del PP de abandonar a los pequeños propietarios en favor de los intereses de los hoteleros por no recurrir la ley balear que regula el arrendamiento turístico de viviendas, lamentó la entidad de referencia del alquiler turístico en las islas.
La gerente de Aptur, Maria Gibert, reiteró que acaba de concluir el plazo de tres meses marcado por la entrada en vigor de la ley Barceló para que la abogacía del Estado presentase un recurso de inconstitucionalidad al invadir presuntamente esta norma competencias estatales recogidas en la Ley de Propiedad Horizontal y la Ley de Arrendamientos Urbanos.
"El PP, debido a las presiones de los hoteleros en Balears y en Madrid, y gracias a la excelente relación de los hoteleros mallorquines y sus constantes reuniones con el ministro de Energía y Turismo (Álvaro Nadal), ha decidido abandonar a los propietarios que quieren hacer alojamiento vacacional", indicó Aptur en un comunicado.
A mediados del pasado mes de junio, cuando la normativa autonómica se estaba tramitando en el Parlament, el Gobierno de Mariano Rajoy ya se posicionó en contra por las "restricciones" y "límites" que en ese momento opinaba que planteaba el texto. Una norma que, advirtió entonces, implicaría una "penalización" de este tipo de actividad de alojamiento turístico. Estas "dudas" sobre la idoneidad de la futura ley fueron plasmadas en una carta que remitió al Govern por esas fechas.
En la misiva, el Gobierno cuestionaba su encaje constitucional y a la legislación europea y advertía al Govern de que las "restricciones" con las que se planteaba regular el alquiler vacacional debían "ser compatibles" con los principios de libertad de empresa, amparada por la Carta Magna y la directiva europea de servicios, y con las leyes de la competencia y de garantía de la unidad de mercado.
Dejadez de funciones
Estas "objeciones" del Gobierno central a la norma fueron también recordadas ayer por la Aptur, que atribuyó la "dejadez de funciones" del Gobierno del PP a una "estrategia política" cuya consecuencia es la desatención "de las demandas ciudadanas de una regulación justa del alquiler turístico".
La organización insistió en que el ministerio de Economía emitió un informe en el que cuestionaba algunos apartados de la modificación de la Ley de Turismo y avanzó que continuará con su lucha legal contra la regulación impulsada por el Govern.
Por ello, Maria Gibert reveló ayer que ahora concentrarán su lucha contra esta regulación en Bruselas. A través de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (FEVITUR), denunciarán la ley balear el próximo 15 de noviembre, adelantó la gerente, ante la secretaría general de la Comisión Europea(CE) por entender que contradice las directivas comunitarias de libre competencia.
Asimismo, la asociación lamentó la falta de resultados de las reuniones que ha mantenido con representantes del PP y de Ciudadanos en las islas.
En la que se produjo el pasado mes de octubre con el presidente del PP balear, Gabriel Company, los representantes de Aptur salieron con la "impresión" de que a esta formación política no le interesaba electoralmente en estos momentos oponerse de manera frontal a la ley.
Rédito electoral
La estrategia política del líder del PP balear pasaría, en opinión de la Aptur, por pronunciarse más contundentemente contra la actual regulación una vez concluida la próxima temporada turística, en torno a los meses de octubre o noviembre del año que viene, con dos objetivos claros.
El primero de ellos, hallar un sector más enfadado con una ley que le supondrá una importante merma de ingresos y más receptivo a sus ataques. El segundo, sacar un mayor rédito electoral a este descontento en unas fechas más próximas a la celebración de los comicios autonómicos en mayo de 2019.
Y es que, como recalcaba la asociación de alquiler turístico para concluir el comunicado que remitió ayer a los medios de comunicación, "siempre hemos estado a favor de una regulación del sector, pero en ningún caso consideramos que la modificación de esta ley sea una regulación sino más bien una prohibición de facto de esta actividad".
