31 de octubre de 2017
31.10.2017

Cuarta condena al Govern por anular los derechos de la urbanización de Biniorella

Tendrá que indemnizar al propietario de la finca de Andratx con casi 40 millones de euros por imponerle la protección de los terrenos

31.10.2017 | 18:49
Cuarta condena al Govern por anular los derechos de la urbanización de Biniorella
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears ha dictado una nueva sentencia por la que obliga al Govern a indemnizar al propietario de la finca de Biniorella, en Andratx, como consecuencia de la ley que protegía estos terrenos. Es la cuarta sentencia condenatoria con la protección administrativa de los terrenos.

El propietario recibirá una indemnización de casi 40 millones de euros por los perjuicios económicos sufridos como consecuencia de la ley aprobada por el Parlament el año 2008, sobre las medidas urgentes para el desarrollo territorial sostenible de Baleares.

Se trata de la cuarta sentencia por la que se condena al Ejecutivo balear por la protección de fincas que disponían de derechos urbanísticos, indemnizaciones que ya alcanzan los casi cien millones de euros. Pese a que en los tres casos anteriores los jueces dieron la razón a los propietarios, frente al Ejecutivo, las sentencias anteriores han sido recurridas ante el Supremo, por lo que todavía no son firmes.

El propietario que recibirá esta indemnización, si se confirma la sentencia, es dueño de una parecela de 98.196 metros cuadrados, que adquirió en el año 1983. Estas fincas eran urbanizables, pero pasaron a ser terrenos rústicos ante la entrada en vigor de la ley del año 2008.

Los terrenos están ubicados entre la carretera de Camp de Mar y el Port d'Andratx. Cuando se aprobó la ley de protección en los terrenos ya se habían construido una serie de servicios públicos y estaban a punto de entregarse, debido a que tenían permiso para urbanizarse.

El propietario se había gastado algo más de un millón de euros, gasto que ha resultado ser inútil, por cuanto la ley aprobada por el Govern impidió que continuara cualquier tipo de contrucción en esta finca de Biniorella. El propietario entregó un estudio de un experto, que calculó que los beneficios que hubiera obtenido el dueño, una vez concluida el proceso de urbanización, hubieran superado los 80 millones de euros. El tribunal acepta la indemnización que reclamaba el propietario, de casi 40 millones de euros, cifra a la que habrá que sumar los intereses desde el año 2009.

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