El Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) gestiona los centros de acogida a los que van los menores cuya tutela o guardia ha pasado a manos de la Administración al considerar que ésta podrá garantizar mejor su protección (con niños que, por ejemplo, están siendo víctimas de maltrato o abuso). Un problema recurrente es que algunos de estos jóvenes se fugan de los centros, exponiéndose a situaciones de riesgo.

Para los casos más graves de menores con problemas de adicción y trastornos de conducta, el Institut abrirá en 2018 el primer centro de acogida de régimen cerrado, con diez plazas.

Esta problemática tiene varias caras. Hay menores que se van por su cuenta, pero otros son captados. A principios de este mes, la Policía Nacional detuvo a cinco jóvenes por prostituir a nueve chicas menores de edad que captaron en centros de acogida. Las convencían para que se fugaran y se instalaran en distintas casas ocupadas, donde eran prostituidas a cambio de drogas o eran violadas.

Los menores llegan a los centros del IMAS (muchos otros están con familias de acogida) bien porque el Consell asume su tutela al considerar que sus padres no pueden cumplir con su deber de cuidarles como corresponde (aquí pueden entrar niños víctimas de maltrato o en situación de desamparo); o bien porque son los propios progenitores los que renuncian a la tutela a o su guardia temporalmente por alguna circunstancia sobrevenida que les impide atenderlos o por no saber manejarlos ya que tienen alguna adicción y/o un trastorno de conducta, por ejemplo.

En 2016, el IMAS atendió 326 demandas de actuación por "incapacidad de control de la conducta del menor": un 13,5% más que el año anterior y un 17% del total de peticiones.

Las fugas constituyen una problemática grave que desde hace años trata de afrontar el IMAS. Para abordarlo forman al personal y elaboran protocolos para detectar a los menores que pueden ser más susceptibles de ser captados, incitados a consumir drogas y ser víctimas de explotación sexual. Se potencia el trabajo centrado en el vínculo y la parte emocional.

Con aquellos chavales que se van, están fuera varios días y luego vuelven, se intensifica la observación, tratando de detectar señales de que denoten que pueden haber caído en una red de explotación sexual, ya sea por su comportamiento o por reaparecer con, por ejemplo, móviles de alta gama u otros productos caros. Se trabaja de forma conjunta con la Policía Local y en cuanto que se detecta que un menor no ha vuelto, se activa un protocolo especial.

Pero aunque se haga este trabajo, la directora del IMAS y consellera de Bienestar y Derechos Sociales Margalida Puigserver, admite que "es muy difícil" evitar que un menor se vaya. Son centros de régimen abierto y el personal no puede retenerlos.

Por ello, para los casos más extremos y conflictivos de jóvenes con problemas de adicción y trastornos de conducta, el IMAS prevé abrir en 2018 el primer centro de régimen cerrado para los menores tutelados más conflictivos; un centro donde recibirán una atención terapéutica y será siempre el último recurso "ante los casos más graves", según Puigserver.

Prevención y trabajo social

La consellera señala que hay una problemática cada vez mayor con jóvenes que no aceptan los límites, no reconocen la autoridad paternal y presentan conductas realmente difíciles de manejar. Por ello ve muy importante trabajar la tolerancia a la frustración y la aceptación de los límites desde que los menores son pequeños. Cree vital emprender este trabajo "sociocomunitario" de prevención y concienciación: "Si no actuamos de forma conjunta a nivel de sociedad, no tendremos centros suficientes".

Los centros de acogida de menores (entre concertados y propios) pueden acoger hasta 355 niños y jóvenes y en 2016 atendieron a 558, entre altas y bajas ( el 56 de las altas fueron a petición de los propios progenitores o poseedores de la patria potestad). Los menores de seis años nunca van a centros, sino a familias de acogida.

Personal técnico del IMAS valora que se haya producido un leve descenso de las tutelas: de las 172 ejecutadas en 2015 a las 146 en 2016. Las guardias se mantienen (de 102 a 99) y las declaraciones de menores en riesgo pasa de 201 a 211. Los técnicos constatan una mejora en la prevención y que cada vez más hay "padres colaboradores" con los que pactar medidas.