Representantes de la enseñanza concertada mostraron ayer a la presidenta del Govern su preocupación ante la construcción de nuevos centros públicos, algo que, especialmente en la Part Forana, podría traducirse en un descenso de alumnos en los centros concertados y, por lo tanto, dificultades para mantener la concertación. Así lo hizo entender el presidente de la patronal CECEIB, Ventura Blach, en el desayuno organizado por la entidad y que ayer tuvo a una afónica Francina Armengol como invitada.

Tras el parlamento de la presidente, Blach inauguró el turno de preguntas pidiendo al Govern que cuando se planee la construcción de un nuevo colegio o instituto público en un municipio se hable antes con los concertados de la zona para ver si estos pueden asumir la demanda de plazas.

"No nos oponemos a que se construyan centros nuevos, pero pedimos que se abra un diálogo, que se estudie cuidosamente si es necesario o si los concertados de la zona pueden asumir esa falta de plazas: eso ahorraría bastante dinero al Govern y evitaría la destrucción de puestos de trabajo en la concertada", argumentó.

La socialista no se comprometió de forma explícita a ese acuerdo previo con la concertada, aunque insistió en su apuesta por el diálogo y admitió la necesidad de ser eficiente. Respondió que "el Govern tiene la obligación clara de tener los centros públicos que puedan garantizar la escolarización de todos nuestros niños" y recordó que es Ejecutivo quien "ha de planificar donde ha de construir los centros públicos, es una competencia compartida con los ayuntamientos".

De todas formas, señaló que a la hora de realizar el Plan de Infraestructuras (un documento que calificó como "de consenso"y "vivo") si la conselleria de Educación detecta un municipio con fuertes necesidades de escolarización y sin concertados, se prioriza allí la construcción de un nuevo colegio público antes que en municipios que sí tienen concertados con plazas disponibles.

Armengol consideró "lógica" esta decisión, aunque también razonó que existía una gran necesidad de crear infraestructuras públicas nuevas dada la escasa inversión hecha en este ámbito durante la anterior legislatura. En este sentido, razonó que los centros no se construyen de un día para el otro y que por ello han tenido que "tirar de aulas modulares", una opción que, admitió, "no es la apropiada para nuestros niños".

Exigencias presupuestarias

Los sindicatos presentes en el evento plantearon una pregunta conjunta: ¿El presupuesto de 2018 tiene previsto ya temas como la reducción de la jornada lectiva de los profesores de concertada y el inicio del abono de los sexenios? Armengol no entró al detalle, aunque reconoció que le gustaría "que las cosas fueran más rápidas" y garantizó que se cumplirán los compromisos adquiridos antes del fin de la legislatura.

Otra pregunta del público hizo referencia a ese presupuesto de más de mil millones de euros que, según anunció Armengol en el Debate de Política General, en teoría tendrá Educación en 2019: ¿Qué porcentaje de esos mil millones serán para la enseñanza concertada, que representa el 40% de la educación del archipiélago? Tampoco lo precisó la líder socialista, pero señaló que la obligación de su Govern es siempre "priorizar a los más débiles y luego poco a poco a los demás".

Aunque no fue más allá respecto a presupuestos futuros, la presidenta sí ha hablado de las cuentas de años pasados y recordó que desde que inició su mandato la partida para la concertada se ha incrementado en 16 millones de euros y se han podido contratar a 180 profesores más, una treintena de ellos de Atención a la Diversidad.