La Guardia Civil ha entregado un escrito en un juzgado de instrucción de Palma, pidiendo autorización para destruir la última patera que fue interceptada el domingo navegando en aguas del sur de la isla, con quince inmigrantes a bordo. Ese mismo día también llegó otra embarcación, con el mismo número de ocupantes, si bien estos inmigrantes fueron presentados ante el juzgado de Manacor. Las 30 personas serán trasladadas en breve a un Centro de Internamiento para extranjeros de la Península, como paso previo a la entrega a su país de origen, que es Argelia.

Esta petición para que se autorice la destrucción de esta embarcación se produce como consecuencia de un escrito que ha enviado el Club Náutico de sa Ràpita. Se ha comunicado que en estos momentos en la instalación portuario hay depositadas cinco pateras, que se encuentran precintadas por orden de la autoridad judicial.

Tantas embarcaciones está provocando problemas de espacio dentro del club náutico, por lo que se ha pedido que se tome una decisión para resolver este problema. Para la Guardia Civil la solución pasa por destruir las embarcaciones interceptadas, aunque algunas de ellas estén en perfecto estado, ya que se sabe que ningún propietario va a reclamar su devolución.

Este año se están alcanzando cifras récord en cuanto al número de pateras interceptadas en aguas próximas a Mallorca. En total ya se han localizado 22 embarcaciones, una cifra muy superior a la de los últimos dos años, en los que únicamente se interceptaron tres pateras. La Guardia Civil está extremando la vigilancia de la costa, porque se teme que estén navegando otras embarcaciones, con inmigrantes argelinos a bordo, que pretenden trasladar a estas personas a Mallorca.

Salom rechaza abrir un centro

Debido al problema que se está viviendo, la Unió Federal de Policía (UFP) reclamó el lunes que en Mallorca se construya un centro de internamiento de extranjeros. Ello evitaría el traslado de estas personas a la Península. Sin embargo, la delegada del Gobierno, Maria Salom, se mostró ayer en contra de construir dicho centro, alegando que ello provocaría un efecto llamada y se produciría un aumento del número de inmigrantes que pretenden llegar a Mallorca. Por tanto, la delegada del Gobierno rechazó cumplir con la propuesta que se le planteó desde el sindicato policial.