Con la promesa de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, de ceder de manera inminente los terrenos sobre los que hoy se asientan los diferentes edificios de Son Dureta (hoy en día todavía pertenecen a la Tesorería General de la Seguridad Social), se abre la vía para comenzar el derribo de las infraestructuras obsoletas del viejo hospital e iniciar la edificación de lo que constituirá el futuro complejo sociosanitario de Mallorca. La propia titular de Empleo ha anunciado su intención de acudir a la firma oficial de la enajenación del solar a favor del Govern, acto que previsiblemente se realizará en Palma antes de fin de mes.
Pero mientras estos actos oficiales se sustancian, el Servei de Salut ya ha dado pasos para ganar tiempo y ya ha licitado, y adjudicado, la redacción del proyecto y dirección facultativa de las obras de demolición de parte de los edificios del hospital de Son Dureta.
En concreto, en esta primera fase de esta macroproyecto que se prolongará durante varias legislaturas, está previsto demoler el antiguo hospital materno-infantil, el edificio verde de consultas externas y el inmueble aledaño a ambos que albergaba la cocina y los vestuarios del personal sanitario.
Y el IB-salut ha calculado que el coste de la demolición de todos estos edificios, que juntos representan un volumen total de 95.002 metros cúbicos, además de la gestión de residuos resultantes de esta obra por parte de Mac Insular, ascenderá a casi 6 millones de euros. O, más concretamente, 5.811.668,94 euros, tal y como se ha calculado en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto.
La redacción de este proyecto de demolición de parte del antiguo Son Dureta se licitó con un presupuesto base de 219.025 euros, como figuraba en el anuncio publicado en el boletín oficial de esta comunidad autónoma del pasaso 20 de julio. Aunque finalmente se adjudicó a la empresa IDOM Consulting que presentó una oferta sensiblemente más baja, de 133.100 euros, tal y como se publicitó en el BOIB del pasado 7 de octubre.
Plazos
Desde esta fecha, tal y como establece este pliego de prescripciones técnicas, "el adjudicatario dispondrá de tres meses para la presentación del proyecto" en la Oficina de Supervisión de proyectos del Servei de Salut, plazo que nos colocaría a mediados del próximo mes de enero.
Una vez completado este trámite, un equipo técnico del Servei de Salut tendrá que redactar el pliego de prescripciones técnicas del derribo propiamente dicho, trabajo que consumirá un mes más, lo que nos situaría a finales del mes de febrero o inicios del de marzo del año que viene.
Como el coste de la demolición se ha calculado en un precio superior a los cinco millones de euros, este proyecto ha de publicarse en tres boletines oficiales, el de la Unión Europea para dar la oportunidad a empresas continentales a concurrir, el boletín oficial del Estado y el de esta comunidad.
Todos estos requisitos pueden demorar el inicio del derribo otros ocho meses más, periodo de tiempo que sumado a los dos meses que se suelen precisar en obras de estas características para la adecuación del espacio en el que se trabajará unido al acopio del material necesario para la obra, nos situará en el primer trimestre de 2019.
Siempre y cuando los recursos y alegaciones de empresas descartadas en la adjudicación de los concursos públicos inherentes a este tipo de obras no lo retrasen aún más, tendríamos a las máquinas comenzando los trabajos de demolición a las puertas de las próximas elecciones autonómicas, previstas para mayo de 2019.
Unas imágenes que a buen seguro algunos se esforzarán por rentabilizar mientras que otros no dudarán en tildar de electoralistas por su cercanía con los comicios autonómicos.
Estado de los edificios
El documento oficial especifica que las edificaciones que serán demolidas fueron construidas en 1970 y que una Inspección Técnica de Edificios (ITE) realizada en el año 2014 detectó "múltiples patologías, si bien se concluyó que no existen problemas de estabilidad estructural".
No obstante, este pliego de prescripciones advierte de que "se tiene conocimiento de existencia de fibrocemento con fibras de amianto en las cubiertas de los edificios, bajantes de agua y parapastas de la totalidad de los forjados del edificio (verde) de consultas externas". La presencia de este componente, que se torna más peligro en derribos, cuando queda en suspensión en el aire elevando el riesgo de provocar problemas respiratorios, obligará a redactar un plan de desamiantado además del correspondiente plan de gestión de residuos.
