Bartolomé Sbert, mano derecha del empresario Tolo Cursach -ambos en prisión- manifestó ayer por medio de su abogado la intención de quedarse en la cárcel porque "por el momento es el lugar más seguro para su persona".

El número dos del grupo Cursach considera que "se ha creado el escenario judicial perfecto para que cualquier testigo, enemigo o simple interesado pueda causarle aún más daño". El bufete Coca y Asociados, que lleva la defensa del ejecutivo preso, considera que el auto del juez Manuel Penalva, acordando la salida de Sbert bajo una fianza de 500.000 euros, incluye una "insólita y perversa advertencia", que "le impone una responsabilidad penal objetiva".

El magistrado advierte de que si tras la salida de Sbert de la cárcel se produjera alguna maniobra de coacción o compra de testigos, podría revocar su libertad condicional, por todo ello la defensa de Sbert concluye que es preferible que se quede en prisión "de la que no puede salir hasta que la instrucción respete sus garantías constitucionales".

La defensa de Sbert funda dicho temor en "la proclividad de algunos testigos protegidos de esta causa, incluso de terceros, a denunciar pretendidas compensaciones, intimidaciones o atentados contra su integridad".

Presunta corrupción policial

El magistrado investiga presunta corrupción en las Policías locales de Palma y de PalmaCalvià por parte del conglomerado empresarial que considera un "grupo criminal y pseudomafioso", cuyos locales de ocio habrían sido sistemáticamente beneficiados por agentes y funcionarios en detrimento de otros.

Según se detallaba en el auto en el que el juez decretó el ingreso en prisión preventiva de Sbert, el control e influencia sobre la policía "es de tal magnitud" que el ex director general de Grupo Cursach ordenaba a agentes que acudieran a locales de la competencia a efectuar inspecciones y actuaba "como una especie de sheriff", relató un testigo.

La defensa de Sbert considera que la causa pivota sobre testificales "de personas fuertemente enemistadas, con espurios intereses o, incluso, con evidentes patologías mentales".

Desde Coca y Asociados desmienten que la modificación de la situación personal de Sbert haya sido acordada a instancia del Ministerio Fiscal, sino que fue "a instancia de su defensa al interponer un recurso de apelación". Al recurso se adherió "parcialmente" el Ministerio Fiscal, y lo mantendran ante la Audiencia Provincial.