20 de octubre de 2017
20.10.2017
Caso Contratos

El Govern se personará en la causa que investiga los contratos a Jaume Garau

"Nuestra obligación y lo que hacemos sistemáticamente es personarnos", ha señalado el vicepresidente Biel Barceló, "sin distinción de colores políticos"

20.10.2017 | 13:42
El Consell de Govern ha autorizado hoy a la Abogacía de la comunidad autónoma a personarse como acusación particular en la causa que tramita el Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, que investiga varios contratos del ejecutivo autonómico a empresas del que fuera jefe de campaña de Més, Jaume Garau.

La portavoz del Govern, Pilar Costa, ha informado hoy de dicha personación durante la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete del ejecutivo y ha recordado que la instrucción se ha abierto a raíz de la querella de la Fiscalía Anticorrupción para investigar varios contratos de la Conselleria de Transparencia, Cultura y Deportes y de la Vicepresidencia y Conselleria de Innovación, Investigación y Turismo.

Costa ha asegurado que la Abogacía actuará para defender los intereses ciudadanos: "Hay personas que han estado en el Govern que salen en la querella de la Fiscalía. El Govern defenderá los intereses de los ciudadanos, no se persona para hacer de abogado de los investigados por una querella de la Fiscalía Anticorrupción, se persona para defender los intereses de la comunidad y los intereses de los ciudadanos".

El vicepresidente, Biel Barceló, ha agregado que la personación como acusación particular por parte del Govern se produce "en todos los casos en que pueda haber alguna cuestión que afecta a la administración autonómica y en defensa de los intereses generales". "Nuestra obligación y lo que hacemos sistemáticamente es personarnos", ha señalado. "Sin distinción de colores políticos", ha agregado.

Barceló ha recordado que hace una semana la Abogacía también se personó en el caso Cursach, cuando se vio "una implicación que podía afectar al Govern". "La decisión fue la misma y siempre será la misma", ha insistido.

Los investigados en la causa son Jaume Garau, la exconsellera de Transparencia, Cultura y Deportes, Ruth Mateu, los exdirectores general de Cultura, Jaume Gomila, y del Institut d'Estudis Baleàrics, Jose Ramón Cerdà y el exdirector de la Agencia de Turismo de Baleares, Pere Muñoz.

Las adjudicaciones que investiga el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, a partir de la querella de Anticorrupción suman unos 127.000 euros.

La Fiscalía cree que el exjefe de campaña de Més mantenía "una relación personal, profesional y de partido" con Pere Muñoz, quien ideó la contratación de un barómetro para estudiar la satisfacción de los turistas llegados a las islas y "ejecutó el fraccionamiento del contrato, infringiendo los principios de publicidad y concurrencia en beneficio de Jaume Garau", según recoge la querella.

La ATB favoreció de forma arbitraria a Garau otorgando a una de sus empresas una contratación menor para diseñar un estudio de satisfacción de los turistas por el que cobró 21.562 euros. La Fiscalía cree que Garau influyó además para que fuera invitada al negociado sin publicidad una empresa en concreto, cuyo trabajo era necesario para que a su vez su propia sociedad pudiera realizar el suyo.

En cuanto a los ex altos cargos de Transparencia, la Fiscalía considera que, como autoridades y miembros de Més, "favorecieron de forma arbitraria" a Garau mediante la adjudicación directa de dos contratos menores y otro gasto adicional, eludiendo la legalidad administrativa y los principios de publicidad y concurrencia.

Recurrieron al fraccionamiento de un contrato por 45.995 euros, que exigía una contratación abierta o un contrato negociado sin publicidad.

Según la Fiscalía, la Conselleria contrató por separado a una empresa ligada profesionalmente con Garau la realización de 1.600 encuestas sobre hábitos de consumo de cultura, por 21.417 euros, y a otra que él administraba el correspondiente análisis para entender su contenido por otros 21.538 euros. Además le adjudicó directamente a Garau otro servicio ligado a los anteriores por 3.000 euros.

Han detectado además que una parte de las encuestas se hicieron en enero de 2016, antes de la contratación que no se llevó a cabo hasta el 12 de mayo.

Pere Muñoz ha negado cualquier irregularidad en la adjudicación de contratos, como mantiene la Fiscalía.

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