Empresarios y sindicatos han dado su visto bueno a la ley que el Govern, tras la reunión mantenida ayer por el Consejo de Salud Laboral. La entrada de esta normativa en el Parlament se espera para finales de este año, y se va a buscar el mayor consenso posible entre los diferentes grupos políticos.
Los consellers de Trabajo y de Salud, Iago Negueruela y Patricia Gómez respectivamente, han subrayado que las islas tienen un doble problema: padecen la tasa más alta de accidentalidad laboral de España debido a los numerosos siniestros de carácter leve que cada año se registran, y al mismo tiempo están entre las autonomías con menor volumen de enfermedades profesionales detectadas, lo que refleja carencias a la hora de abordarlas.
El proyecto de la ley, que en breve saldrá a información pública, contempla iniciativas para mejorar la situación descrita anteriormente como la creación del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal), desde que se diseñaran las medidas necesarias para rebajar los accidentes, elevar la detección de enfermedades ya catalogadas como profesionales y, según se destacó, para abordar aquellas dolencias que están consideradas como comunes y que se quiere que el Gobierno central las incorpore al listado de profesionales de forma que sean tratadas desde las mutuas y no desde el sistema público de salud.
Además, se contemplan medidas para potenciar la concienciación social en torno a este problema, y para mejorar los conocimientos relacionados con la salud laboral, especialmente en la formación profesional pero también en el ámbito de la universidad.
Un aspecto destacado por ambos consellers es el de los nuevos protocolos que los médicos van a seguir para comunicar aquellos casos en los que se sospeche que tras los males del paciente se encuentra una enfermedad de carácter profesional, con el fin de hacer el correspondiente seguimiento.
El hecho de mejorar la detección de estas dolencias vinculadas a los puestos de trabajo debe de permitir además mejorar las medidas de carácter preventivo para evitar que los problemas lleguen a producirse.
Otro elemento a destacar es el mayor control que se va a aplicar, en relación con estas materias sobre aquellas empresas que aspiren a trabajar para la Comunitat Autònoma o que reciban alguna subvención, con el fin de asegurarse de que cuenta con las medidas necesarias para velar por la salud de sus trabajadores.
Los consellers defendieron que el objetivo ahora es conseguir el mayor consenso posible entre todos los grupos políticos del Parlament para que la ley consiga el mayor apoyo posible, aunque se reconoció que esta labor no debe de ser demasiado complicada desde el momento en que tanto patronales como sindicatos han dado su visto bueno al borrador que se ha elaborado.
La gravedad del problema
El conseller Negueruela no ocultó la gravedad que el problema de la siniestralidad laboral tiene en Balears. El archipiélago es la comunidad con la tasa más alta de accidentes en relación a su población laboral de toda España. En concreto, la de las islas es un 45% superior a la media estatal.
Balears cerró el pasado año con 18.213 accidentes con un crecimiento del 11,5% en relación al ejercicio anterior, pero la mayoría de ellos fueron de carácter leve (prácticamente el 99%), al suponer estos últimos un total de 18.117, frente a los 94 de carácter grave o muy grave (con un descenso del 3,2% respecto a 2015), y los dos fallecidos contabilizados, cuatro veces menos que los del año anterior. A la hora de analizar estas cifras, hay que tener en cuenta que en 2016 hubo un 5,6% más de trabajadores que en 2015, pese a lo cual no se oculta que existe una cifra anormalmente alta de siniestros leves.
