La situación en la sanidad pública balear vuelve a enturbiarse por la regulación del uso de una de las dos lenguas cooficiales de esta comunidad. El sindicato de enfermería (SATSE) y el sindicato médico (Simebal) adelantaron ayer que no acudirían a la mesa sectorial convocada hoy a las nueve y media de la mañana en la que debía debatirse y aprobarse el borrador del decreto que regulará el uso del catalán en la sanidad pública y en el que se exigirá a médicos y enfermeras acreditar el nivel B2 de catalán para poder optar a una plaza pública.

Paralelamente a esta inasistencia, ambos sindicatos también adelantaron que impugnarán judicialmente el decreto.

La falta de quórum impedirá, como en la anterior convocatoria del viernes de la semana pasada, que hoy por la mañana se pueda constituir la mesa sectorial de Sanidad. Entre ambos sindicatos ostentan el 52% de la representación en este órgano de negociación sanitaria.

Trámite cumplido

No obstante, al tratarse de una segunda convocatoria reiterada para abordar los mismos asuntos, el Servei de Salut dará por cumplido el trámite de la negociación colectiva y continuará adelante con la tramitación de este decreto que deberá pasar antes por el Consell Consultiu y por Consell de Govern.

El secretario general del SATSE, Jorge Tera, justificó la segunda inasistencia en que "no hay ninguna disposición por parte de la Administración a admitir cambios en el desarrollo del decreto".

Un decreto que, en su opinión, tendrá graves repercusiones sobre los recursos humanos del Servei de Salut ya que excluirá a miles de sus trabajadores de la posibilidad de presentarse a oposiciones así como de participar en concursos de traslados si no acreditan el conocimiento exigido del catalán en cada categoría profesional.

También arguyó Tera que todavía no cuentan con los informes solicitados sobre la viabilidad del decreto tanto a su servicio jurídico de las islas como al estatal del sindicato de enfermería y se preguntó por el por qué de tanta prisa para negociar este decreto en mesa sectorial.

Y recordó que se les entregó el borrador del decreto el martes de la semana pasada y se les citó, en primera convocatoria, menos de tres días después. Sin tiempo, estimó, para poder estudiar en profundidad un decreto de este calado. Puso como ejemplo Tera que la negociación de otros dos decretos en mesa sectorial, relativos a nuevas categorías profesionales y a permisos y licencias del personal sanitario, llevan, respectivamente, dos y tres años negociándose. "Quieren dar carpetazo rápido a este decreto porque ha puesto en riesgo la gobernabilidad de la comunidad autónoma", señaló el secretario general del SATSE aludiendo a la presunta intervención de Més ante la resolución del director general del Servei de Salut de finales del pasado mes de julio que excluía a médicos y a enfermeras de acreditar el conocimiento del catalán para presentarse a unas oposiciones.

En la misma línea, el presidente del Sindicato Médico, Miguel Lázaro, incidió en que no acudirían a la mesa de negociación porque "el IB-Salut no tiene capacidad ni margen de maniobra para cambiar un decreto que les han impuesto y que impugnaremos cuando se publique. Para este paripé, que no cuenten con nosotros", concluyó Lázaro que, ante las previsibles críticas de otras fuerzas sindicales por la inasistencia de hoy, recalcó que se trata de "una legítima estrategia sindical ya usada antes por otros".

Margen de cambio

El director general del Servei de Salut, Juli Fuster, rechazó que no haya margen de maniobra para cambiar nada del borrador del decreto. "Confío en que vengan mañana (por hoy), porque si hay mesa habrá alguna posibilidad de cambiar algo aunque el margen es estrecho porque se trata de un decreto que desarrolla una ley y no puede contravenirla", explicó.

El alto cargo del IB-Salut justificó las urgencias para aprobar este decreto en que "tenemos prisa para poder iniciar cuanto antes el proceso de oposiciones y concursos". Y recordó que las plazas que saldrán correspondientes a la tasa de reposición de 2015 (funcionariarios públicos que se jubilaron o fallecieron en ese año) o se convocan este año o se perderán.

También se comprometió Fuster a estudiar las peticiones realizadas por todos los agentes sociales antes de aprobar el texto legal y recordó que están intensificando los cursos de catalán para el personal sanitario -confió en alcanzar los dos mil inscritos- y que han hablado con la EBAP y la dirección general de Política Lingüística para que haya más pruebas de catalán con el objeto de que sus trabajadores obtengan la titulación que les permita presentarse a las oposiciones.