Compra de voluntades para conseguir favores, control de policías, y maniobras para terminar con la competencia. Esta ha sido la línea principal de la actividad que ha desarrollado el empresario Bartolomé Cursach, según se relata con todo tipo de detalle en el auto de prisión que dictó el juez Penalva. El magnate de la noche venía disfrutando desde hacia más de 30 años de una posición privilegiada en el sector nocturno, entre otras cosas, porque durante estos años le venían avisando (policías) cada vez que se iba a realizar un control o inspección en cualquiera de sus negocios.
Bartolomé Cursach nunca daba órdenes, porque para ello tenía a ejecutivos que se encargaban de realizar los "negocios sucios". Uno de ellos es Bartolomé Sbert, su principal ejecutivo, quien según describe el juez, es la persona que controla los negocios y ejecuta las principales decisiones. El otro es Antonio Bergas, antiguo mando de la Policía Local de Palma, que se aprovecha de sus influencias en el Ayuntamiento de Palma para conseguir anular las sanciones económicas o, incluso, sobornando a funcionarios, logra que se aceleren las gestiones necesarias para conseguir la legalización de sus locales, a pesar de que la mayoría de ellos cuentan con obras ilegales.
El juez Penalva ha llegado a la conclusión de que el poder que desarrolló Cursach dentro de la Policía Local llega al extremo de que tiene la capacidad de colocar funcionarios de su confianza en puestos claves de la estructura policial. Sus negocios apenas reciben inspecciones, como han dejado claro varios de los directores que estuvieron trabajando para el empresario, que sabían con antelación el día y hora que iban a realizar dichas visitas. Estos avisos les permitía solucionar las irregularidades que cometían, como por ejemplo el exceso de aforo de sus locales.
Evitar inspecciones
Pero el empresario, según describe el juez en el auto de más de 450 folios, utilizaba a la Policía Local de Palma y de Calvià. Por una parte, protegía sus negocios, evitando inspecciones y por tanto sanciones, y por otra, lograba perjudicar a los otros empresarios de la competencia a través de constantes visitas policial. El control policial es tan intenso que, según Penalva, Sbert, el ejecutivo del grupo Cursach, llega a estar presente cuando el excomisario de la Policía Local, Joan Mut, llama a capítulo a uno de sus subordinados porque se había atrevido a sancionar a uno de los locales de la empresa. Y al mismo tiempo, Sbert ordenaba a la Policía Local las inspecciones que tenían que realizar, que eran siempre de la competencia.
El auto llega a citar hasta diez nombres de mandos de la Policía Local que estarían bajo las órdenes de Cursach, sin olvidarse tampoco de José María Rodríguez, expresidente del PP de Palma, que también se encargaría de proteger al empresario y beneficiarle en sus negocios.
En esta larga investigación, que se inició hace cuatro años, se ha logrado identificar a todos los policías que estuvieron contratados como porteros de seguridad en los negocios de Cursach. Era un método para conseguir una protección policial especial, además que también así se aseguraban de ir recibiendo los "chivatazos" policiales.
El juez también describe los beneficios, tanto económicos, como de otro tipo, que supuestamente recibían los policías corruptos. Uno de ellos, que se ha convertido en un colaborador de la investigación, señala incluso que uno de los jefes de la Patrulla Verde, llegó a recibir un barco como premio por los favores que le realizó al empresario en una sola temporada. Este mismo policía confirmó que el empresario lleva décadas organizando fiestas para mandos de la Policía Local en su finca privada. Allí se les invita, según este imputado, a alcohol, drogas y mujeres. El magistrado destaca también la facilidad con la que se perdían por el camino las sanciones económicas que se imponían a los negocios de Bartolomé Cursach, gracias a sus contactos, tanto en el Ayuntamiento de Palma, como en Calvià.
