El Parlament aprobó ayer con el voto a favor de todos los grupos salvo el PP, que se abstuvo, instar a la Intervención General de la Comunidad Autónoma a elaborar anualmente un informe de control financiero de revisión de fraccionamiento de gastos en la tramitación de contratos menores, es decir, aquellos que por su cuantía pueden adjudicarse directamente. Además, acordó instar al Govern a publicar en un plazo de seis meses en su portal web de transparencia o de contratación todos los informes de control financiero elaborados por la Intervención General desde 2012, incluyendo por lo tanto los del anterior Govern del PP.
La proposición no de ley aprobada ayer con estas medidas fue una iniciativa de Més per Menorca, que precisamente abandonó el Govern por el caso de los contratos a dedo al exjefe de campaña de Més, Jaume Garau, después de que la principal asunción de responsabilidades recayera en la entonces consellera de Transparencia, la menorquina Ruth Mateu, que tuvo que abandonar su cargo.
Patricia Font, diputada de Més per Menorca, afirmó ayer en su defensa de la propuesta que la administración "es responsable de todos sus actos y ha de dar cuenta a la ciudadanía de lo que hace y de cómo lo hace" ya que "se ha de recuperar la legitimidad de las instituciones públicas, reducir la desconfianza política e institucional y contribuir a prevenir la corrupción".
Por otro lado el pleno del Parlament debatirá el próximo martes una propuesta de El Pi por la que se defiende que se establezca la obligación de que las secretarías generales de las conselleries estén ocupadas por funcionarios. El líder de El Pi, Jaume Font, afirmó ayer que de este modo habría "más garantías de que las cosas se hacen bien", especialmente en lo que se refiere "a los contratos menores". PP y PSIB dejaron ayer en el aire si apoyarían la propuesta de El Pi, aunque ambos aseguraron que desde hace años la mayoría de secretarios generales de conselleries son funcionarios..
