La fiscal Anticorrupción, Laura Pellón, anunció ayer una modificación sustancial que afecta a la situación económica que debe afrontar Jaume Matas en el juicio del llamado caso Ópera. La fiscal, que hoy defenderá su informe, anunció que mantiene la acusación contra el expresident por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación por la contratación sin concurso del arquitecto, al que encargó un proyecto de remodelación del Paseo Marítimo, con un edificio singular. Pellón, además de 15 meses de prisión, pidió que Matas, en concepto de responsabilidad civil, asuma el pago de 1,2 millones de euros que se le abonó al arquitecto valenciano por la elaboración del proyecto y por las dos maquetas. El Govern, a través de la abogada Mariángeles Berrocal, se sumó a esta petición de la fiscalía, tanto en la sanción como en la responsabilidad civil.

Calatrava testigo

El juicio, que quedará esta mañana visto para sentencia, contó con el destacado testimonio del arquitecto valenciano, que llegó a la Audiencia acompañado de sus asesores de prensa. Sobre el fondo del tema, Calatrava confirmó que fue el propio president Matas, en una visita a Roma, el que le propuso el proyecto y confesó que estuvo trabajando sobre el tema mucho antes de que formalmente firmara el contrato. Aprovechó su presencia ante el tribunal para destacar las bondades de su trabajo que, a su juicio, iba a representar "una gran modernidad para la ciudad". El arquitecto explicó que la idea de soterrar el tráfico del Paseo Marítimo y de construir un edificio emblemático, no fue suya, sino del Govern. Solo se encargó de diseñar estos cambios. Explicó que cualquier otro arquitecto puede realizar la transformación del Moll Vell, salvo el edificio que él presentó, dado que es un diseño personal.

A pesar de que se trata de uno de los arquitectos más reconocidos y prestigiosos de todo el planeta, Calatrava explicó que se ha presentado a 135 concursos públicos.

Por otra parte, un letrado del Govern detalló que se le pidió que realizara un informe para analizar el proceso de contratación del arquitecto. Su conclusión es que el contrato era nulo, por cuanto el procedimiento administrativo utilizado, al contratar a Calatrava sin concurso y a través de la empresa Ibisec, no era legal. Sin embargo, no quiso pronunciarse sobre la posibilidad, dado que el contrato era nulo, de reclamarle al arquitecto que devuelva el dinero público recibido, ya que desconocía si había incumplido los términos del acuerdo que firmó con el Govern. En cualquier caso, insistió en que el método de contratación, es decir, sin concurso previo, era ilegal.

Contrato con errores

Otro técnico, funcionario de la Agencia Tributaria, detalló también al tribunal los numerosos errores que tenía el proceso de contratación del arquitecto Calatrava. Explicó que la Administración, por costumbre, siempre desaconseja el método del contrato sin publicidad y apuesta por el sistema de concurso de ideas. Sobre el contrato con Calatrava, explicó que en el expediente no figura ningún informe sobre la solvencia del contratado, ni tampoco un pliego de las características técnicas del proyecto que se contrataba. El funcionario fue muy claro sobre la cuestión de la propiedad intelectual del proyecto. Destacó que en el contrato existe una cláusula en la que se destaca que Calatrava conserva dicha propiedad intelectual. Si bien el Govern lo que le encargó fue un anteproyecto, a su juicio, si algún día se decide ejecutar la idea que plasmó Calatrava en sus bocetos, no habría otro remedio que contratarle para que desarrollara las obras. El funcionario contradijo al propio Calatrava, que aseguró que otro arquitecto podría desarrollar la idea que había propuesto para realizar esta transformación de la ciudad.