El abogado de Jaume Matas intentó ayer, sin éxito, que se decretara la nulidad de todo el caso Palma Arena (y de todas sus piezas) al denunciar que el expresident vio vulnerado su derecho a un juez imparcial, tras insinuar que el magistrado Castro pudo asumir la investigación de este caso antes de que la fiscalía hubiera presentado la querella. Basó esta acusación en la declaración del arquitecto nombrado como perito, que afirmó que ya trabajó sobre el caso con Castro antes de que el juez asumiera la instrucción. Esta propuesta fue rechazada por el tribunal. Ello no evitó que el abogado José Zaforteza se defendiera de las acusaciones vertidas por la Fiscalía y por la abogacía de la comunidad autónoma, denunciando que "el caso Palma Arena es un mito que se creó con la única finalidad de investigar el patrimonio de Jaume Matas". Denunció que ni una sola de las condenas que se han dictado sobre este caso está directamente relacionada con el proceso de construcción del velódromo.
Ni la fiscal Laura Pellón, ni la letrada de la comunidad, Mariángeles Berrocal, interpretan que la actuación de Jaume Matas en la construcción del velódromo pueda justificarse. Ambas acusaciones reclaman una condena de tres años de prisión, más inhabilitación, para el expresident del Govern por los delitos continuados de prevaricación y fraude. La misma acusación plantean contra Pepote Ballester, el otro acusado, aunque solo le reclaman penas de multa.
Laura Pellón, que se había opuesto a que el tribunal declarara la nulidad de toda la instrucción, acusó a Matas de utilizar un artificio, como fue la elección de una empresa pública, para saltarse las normas administrativas de contratación y para "imponer su voluntad". La fiscal afirmó que en esta pieza del caso, que versa sobre la contratación sin concurso de los arquitectos, se estaba denunciando los perjuicios que sufrió la Administración porque Matas decidió incumplir los procedimientos administrativos. Pellón hizo especial hincapié en que ni en la contratación de Schürmann ni después en la de los hermanos García Ruiz, existió ningún tipo de expediente y que ello respondía al intento de Matas de que no se pudiera controlar este proyecto. Criticó que Matas "solo reconozca que dio la orden, pero que no conocía el método administrativo que se utilizó para que se cumpliera. Asume su responsabilidad política, pero no quiere confesar el delito que ocasionó sus órdenes". En su contundente informe, la fiscal Anticorrupción relató "la cadena de despropósitos" que representó el proceso de construcción del velódromo y rechazó que se pueda sostener que la contratación sin concurso de los arquitectos respondiera a la urgencia en terminar el velódromo para celebrar el campeonato mundial de ciclismo. Pellón aseguró que la construcción de este proyecto era una promesa electoral, por lo que Matas tuvo tiempo más que suficiente para cumplir todas las premisas administrativas a que obliga la ley. "La única urgencia que tenía Matas es que la obra estuviera terminada antes de las elecciones autonómicas".
En su informe, Pellón cuestionó que, pese a "que Matas era el encargado de velar por la legalidad, ahora no se puede colocar en la posición de ignorancia para no asumir ninguna responsabilidad".
Por su parte, la letrada de la comunidad autónoma denunció que Matas no puede alegar un desconocimiento de los procedimientos de contratación porque antes de ser president, había ocupado otros cargos en la administración. "Si alguien sabe de contratación es el señor Matas", aseguró la letrada, que insistió también en que el expresident cometió un delito de prevaricación al dictar una orden ilegal, porque sabía que no podía utilizar el método que empleó para contratar a los arquitectos del velódromo.
Faltaba gente en el banquillo
El abogado José Zaforteza pidió la absolución de Matas y si bien reconoció que los contratos firmados con los arquitectos no fueron un "modelo de contratación", afirmó que ningún técnico ni órgano fiscalizador de la comunidad cuestionó que se estuviera cometiendo un delito. El letrado aseguró que Matas no tenía ningún interés personal en contratar al arquitecto alemán Schürmann "porque no lo conocía" y recordó que el president se limitó a dar la orden de contratación, pero no participó en el proceso de elaboración de los contratos ni tampoco los firmó. "Los contratos lo firman Rosa Puig y Schürmann, y aquí están sentados Matas y Ballester". El letrado sostuvo que en el banquillo faltaban muchos de los que participaron en la contratación y cuestionó que la actuación de la acusación venga marcada por su política de pactos. "En este caso los que han colaborado con la fiscalía tienen patente de corso". Zaforteza recordó que "el velódromo se terminó, se pagó y se celebró el mundial" e insistió en que, si bien Matas conocía las decisiones que se adoptaban, "no participó en ninguna firma de contratos". También criticó que no se haya peritado el supuesto sobrecoste del velódromo.
El letrado Ángel Aragón aceptó la propuesta de sanción para Ballester, pero cuestionó la responsabilidad civil que le reclaman.
