La funcionaria arrepentida del área de Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, que ha reconocido que aceptó regalos del Grupo Cursach, como un billete de 500 euros y botellas de champán francés, ha insinuado en su declaración ante el juez Penalva que los responsables de este departamento municipal no muestran mucho interés en perseguir y sancionar las obras ilegales que ha realizado el empresario investigado por corrupción. La mujer, que es responsable de uno de los principales departamentos de este área, apunta los nombres de sus superiores, que tienen congelados unos informes sobre infracciones urbanísticas cometidas en las principales infraestructuras de los edificios propiedad de Cursach. Los informes de los técnicos son concluyentes, en el sentido de que se ha denunciado que se han realizado obras sin licencias y que, además, estas mejoras son ilegalizables. Sin embargo, desde el departamento de Gerencia de Urbanismo no se ha adoptado ninguna medida. La respuesta que está recibiendo la funcionaria, encargada precisamente de la disciplina urbanística, es que "espere". Estos informes, todavía en fase de tramitación, se presentaron en el primer trimestre de este año cuando el actual alcalde de Palma, Antoni Noguera era responsable de Urbanismo en Cort. "Todos temen las represalias del Grupo Cursach", señaló la trabajadora municipal.
En las distintas declaraciones que ha realizado esta funcionaria, ha detallado la situación actual de todos los edificios de ocio del empresario Cursach.
Por ejemplo, explicó que Megapark carece de licencia de obras y de actividades. Afirmó que, pese a que se ha solicitado la licencia de obras (que ya se han hecho), ningún funcionario se atreve a tramitar dicho expediente, precisamente, porque tienen miedo a lo que les pueda pasar. Esta falta de impulso municipal beneficia al presunto infractor. Y ello debido a que, mientras no exista un pronunciamiento sobre la solicitud de licencia, la discoteca de Cursach puede seguir funcionando, según detalló la técnico municipal. En el caso contrario, es decir, si Cort confirma que las obras que se han hecho son ilegales, el departamento de actividades podría ordenar el cierre del negocio, situación que no se ha producido. La funcionaria arrepentida fue muy clara y aseguró a los investigadores que la obra en Megapark "no es legalizable". Los responsables de la tramitación de estos expedientes conocen desde hace cuatro meses cuál es la conclusión de los técnicos, que están a la espera de saber qué deben hacer para dar salida a este tema.
Una situación parecida se está produciendo en la antigua discoteca Pachá, en el Paseo Marítimo, que pertenece al empresario Cursach. La misma funcionaria ha realizado un informe, elaborado a principios de este año, en el que también se concluye que las obras que se han hecho sin licencia son ilegalizables. En este caso, es mucho más grave porque las mejoras se han realizado en un edificio catalogado y sobre un suelo protegido. La funcionaria arrepentida mantuvo ante el juez que su jefa siempre le contesta con evasivas cuando le pregunta qué actuaciones debe seguir para resolver este expediente.
La mujer también se refirió a una denuncia que el Seprona de la Guardia Civil realizó sobre unas obras en el gimnasio Megasport. Sin embargo, estas obras supuestamente irregulares tampoco se han perseguido y es la propia funcionaria la que insinúa que se podría haber sobornado a otro trabajador municipal, en concreto el encargado de comprobar la existencia de estas obras. Esta insinuación fue después confirmada por el propio afectado, que es el celador municipal que debía realizar un informe sobre la realización de estas obras en el gimnasio. Este celador explicó que, casualmente, el día que debía realizar la inspección, se presentó en el gimnasio el propio Bartolomé Cursach. También reconoció que ha venido recibiendo regalos desde el grupo empresarial. La denuncia de la Guardia Civil no se ha traducido, de momento, en ninguna sanción urbanística.
Pases al gimnasio
Mientras tanto, la Policía está investigando cuántos funcionarios de Cort, sobre todo del área urbanística, acuden gratuitamente a dicho gimnasio, lo que podría suponer un delito de cohecho. Según los testimonios que manejan los investigadores, el celador jubilado de Cort, que actuó como enlace entre el Ayuntamiento y el Grupo Cursach, iba ofreciendo pases VIP al gimnasio "para todos los que quisieran". A los investigadores les consta que muchos aceptaron este regalo.
