Este es un homenaje a personas que atienden en casa a la diez de la noche reclamaciones de sus vecinos. Un tributo a quienes no pueden andar por la calle sin ser requeridos para que resuelvan pequeños problemas, que resultan inmensos para quien los plantea. Un aplauso sincero a estos especialistas en farolas, baches y disputas vecinales.
Este artículo está dedicado a los alcaldes de los municipios mallorquines pequeños y medianos. A aquellos que llegan a la política entendida como un servicio a los ciudadanos más cercanos. Militan en un partido o en una lista independiente, pero pueden mantener posiciones discrepantes con la línea marcada desde Palma o Madrid, entenderse mejor con la oposición que con los suyos e irse de copas con el adversario después de los plenos.
Muchos de ellos han sido monaguillos antes que frailes. Han trabajado en asociaciones vecinales, clubes deportivos o entidades culturales. El salto a la política municipalista solo significa seguir sirviendo al ciudadano desde otra perspectiva.
El alcalde de un pueblo no tiene horario ni despacho. Su jornada puede prolongarse las 24 horas del día y sus actuaciones se desarrollan en la barra de un bar, en la calle o en la panadería.
Es cierto que no todos muestran la misma entrega. Los hay extremadamente ambiciosos que ven la alcaldía como un peldaño de la escalera que les lleva a medrar hacia destinos en los que se detenta más poder y presupuesto. Se encuentran especímenes corruptos, capaces de saquear dinero incluso de un erial. Estos, contrariamente a lo que se barrunta en tertulias insustanciales, son una inmensa minoría, aunque enfangan la fama de los honestos.
Los alcaldes deben someterse a la presión de la exigencia de calidad que demandan los ciudadanos. Sin embargo, estas últimas semanas, se reeditan episodios de coacciones de distinto calibre que deben ser perseguidas por las fuerzas de seguridad, y que bajo ningún concepto pueden ser alentadas desde los poderes del Estado.
Diario de Mallorca publicó en exclusiva el pasado martes la noticia de que uno o varios desalmados arrojaron un cordero negro -el detalle no es nimio- muerto en casa de Guillem Balboa, alcalde de Alaró. Ante este desafuero solo se puede demandar una acción decidida de los investigadores y un castigo ejemplar de la Justicia.
Ahora mismo son cientos los alcaldes catalanes que, en lugar de dedicar su tiempo a solventar los problemas ciudadanos, están sometidos a un dilema: Carles Puigdemont les insta a ceder espacios municipales para que se vote el 1 de octubre y Mariano Rajoy, a través de la Fiscalía, les amenaza con imputarles y hasta detenerles si lo hacen. Quienes han sido incapaces de solucionar la disputa en el momento adecuado, trasladan a los ediles una responsabilidad que no les corresponde.
La historia reciente de Mallorca cuenta con demasiados episodios de intimidación. Algún alcalde colecciona correos amenazantes. A Carlos Simarro, de Sóller, le quemaron el coche una madrugada. A Pere Rotger, de Inca, un grupo que se oponía a la construcción de un parque temático en el municipio pintarrajeó las puertas de su casa. Cientos de personas asaltaron en el año 2000 el Ayuntamiento de Son Servera, y el alcalde, Eduard Servera, fue abofeteado, porque pretendía aprobar la creación del parque natural de Llevant. El PP y Pedro Cañellas, el presidente de los hoteleros de la época, respaldaron a los 400 alborotadores.
No es necesario seguir con la lista negra de la antidemocracia, que, con mayor o menor intensidad, ha afectado a un puñado de ayuntamientos mallorquines. Los alcaldes de municipios pequeños y medianos deben ser medidos con la vara de sus competencias: farolas, baches, urbanismo, limpieza, cultura... Se lo dijo el rey a Pero Crespo en Zalamea: "Errar lo menos no importa si así acertó lo principal". No se les debe reclamar por aquello que no les corresponde -y ocurre desde hace años- ni se pueden sobrepasar los límites de la discrepancia. ¡Dejad en paz a los alcaldes!
