Los 82 controladores aéreos del aéropuerto de Palma que van a ser juzgados por sedición como consecuencia de la huelga encubierta que protagonizaron en 2010 no tendrán que hacer frente de momento a la fianza de tres millones de euros, en concepto de responsabilidad civil, que impuso el juez de instrucción.
La Audiencia de Palma ha anulado dicha fianza económica al aceptar los recursos que plantearon los controladores y la compañía de seguros que tenía que hacer frente a dicha indemnización.
El tribunal toma esta decisión porque entiende que los controladores son solventes y, en el caso de que sean declarados culpables y condenados, en su momento podrán hacer frente a dicha indemnización. De momento, no se considera necesario. El juez de instrucción estableció esta elevada cifra económica al calcular los perjuicios económicos que habían ocasionado los controladores al iniciar una movilización, que consistió en ir levantándose paulativamente de sus mesas de trabajo, alegando una repentina indisposición. Al secundar todos los trabajadores de estas torres dicha medida de fuerza, debido al conflicto laboral que mantenían con el ministerio de Fomento, el Gobierno se vio obligado a cerrar el espacio aéreo, al tiempo que militarizaba el servicio. Debido a ello, miles de pasajeros tuvieron que quedarse en tierra, al no poder viajar en avión, y sufrieron graves perjuicios. Que el tribunal anule la fianza no supone que los controladores vayan a evitar sentarse en el banquillo, toda vez que el auto de apertura de juicio oral es firme. La sala solo se ha pronunciado sobre esta medida económica provisional, dando la razón a los imputados. La Audiencia hace hincapié en la capacidad económica de que disfruta este colectivo, debido a los elevados ingresos que reciben los controladores, para que en un futuro puedan afrontar estos pagos.
