Entre las propiedades en nombre de la Iglesia figuran los principales templos de culto de la isla: entre ellos, la Catedral de Palma, inmatriculada en marzo de 2015. Le acompañan el resto de templos católicos de Mallorca, entre los que figuran todas las parroquias de los pueblos y sus rectorías.

Además del polémico recinto de Sant Salvador de Artà, la Iglesia tiene registrado desde 1987 el santuario del Castell de Alaró, que incluye además de la capilla, el refugio, el comedor y los terrenos adyacentes, o el conjunto del monasterio de Cura, en Algaida.

Por otra parte, el año 1984 se inmatriculó el Palau Episcopal, situado junto a la Seu y una de las pocas propiedades directamente en manos del obispado.

Además, según se desprende del listado elaborado por el Govern con los datos del registro de la propiedad, hay registrados decenas de terrenos, fincas y huertos, así como varios solares urbanizables en Palma. En algunos municipios, también se contabilizan locales y almacenes.

En Mancor de la Vall, la Iglesia tiene inmatriculadas desde 2015, una de las plazas del municipio, la adyacente a la parroquia de la localidad, de 620 metros cuadrados.

Terrenos donados

En el listado se pueden ver incluso algunas viviendas, como por ejemplo dos ubicadas junto al convento de Santa Isabel, más conocido como convent de Sant Jeroni, en Palma, que por su parte mantiene enfrentados ante la justicia al obispado y a la congregación de las monjas jerónimas.

Según se desprende del listado en el año 1995, la Iglesia adquirió un bungalow de 45 metros cuadrados en Badia Blava.

Además, también hay registrados bienes obtenidos de donaciones: una parcela de 1.000 metros cuadrados de la antigua possessió de Vallgornera en Llucmajor, recibida en 1979; un solar de 961 metros cuadrados en la urbanización de Son Reinés de s'Estanyol, obtenida por donación en 1972; y un solar edificable de la possessió de Son Verí d'Abaix de 901 metros cuadrados, recibida en 1973.

Los ayuntamientos podrán revisar ahora si consideran o no algunos de los bienes registrados como de propiedad municipal para reclamarlos ante la justicia con el apoyo legal del Govern, tal como se comprometió con la iniciativa aprobada en el Parlament.