El Govern que prometió hacer de la educación pública un eje esencial de su acción de gobierno inicia el curso con 122 barracones en sus centros escolares, dieciséis más que el año pasado, el récord histórico de la improvisación. La falta de soluciones a la llegada masiva de escolares de otras comunidades condena a docentes y alumnos a someterse a condiciones indignas: la escuela convertida en una jardinera portátil de obra, el proceso educativo sobresaturado y encerrado en una caja metálica, mientras los alumnos de las escuelas concertadas y privadas viajan en alta velocidad con su trilingüismo, sus grupos reducidos, su personal de apoyo, sus envidiables instalaciones deportivas y sus tabletas ultramodernas de seiscientos euros por alumno. Se argumentará con mucha razón y datos que la falta de financiación estatal condena a Balears a una educación pública infradotada. Pero hay líneas rojas que no deberían atravesarse, aunque haya que destinar recursos de otros departamentos, invertir todo el dinero de la ecotasa o reducir el número de asesores y personal de confianza de las conselleries. La imagen de barracones en un colegio público es un gran fracaso de toda la sociedad. El mensaje que transmite a niños y niñas es que su futuro no importa, que son ciudadanos de segunda y que en su porvenir van a tener muchas más dificultades que los hijos de padres que han optado, gracias a sus rentas, por la escuela privada o concertada. Esa foto de la vergüenza puede mandársela Francina Armengol al ministro Cristóbal Montoro. Y trabajar para que no se repita.
