El juez Manuel Penalva imputó hace unas semanas a una jefa de sección del Ayuntamiento de Palma por, supuestamente, tolerar que la Asociación de Discotecas-Abone se apoderara del control de los tiqueteros que ejercen en la ciudad para beneficiar a Bartolomé Cursach, el encarcelado empresario de la noche acusado de dirigir una presunta trama de corrupción. La Policía Nacional destaca, en un atestado conocido tras el levantamiento parcial del secreto de sumario, que la dejadez del Ayuntamiento ha hecho que no se cobren a lo largo de los últimos años cientos de sanciones a relaciones públicas de las discotecas por millones de euros, mientras que en una segunda época se dejaron simplemente de levantar ese tipo de actas.
La Policía apunta a un segundo funcionario del mismo departamento que la encausada como responsable de la pasividad de Cort en fiscalizar los tiqueteros y beneficiar a las empresas de Cursach y de Miguel Pascual (Pabisa), otro encausado en el macro sumario.
El Grupo de Blanqueo de capitales de la Policía Nacional y dos agentes de la Policía Local de Palma han investigado a Abone, presidida por el investigado Jesús Sánchez Riutort. Juez y fiscal presumen que la patronal de las discotecas ha sido en los últimos años un instrumento al servicio y sueldo de Cursach para favorecer a sus negocios y perjudicar y acosar a los de la competencia.
Uno de los sistemas empleados para esas supuestas prácticas corruptas habría sido el control de los tiqueteros. La presunta trama se habría valido de un convenio firmado en 1993 entre el Ayuntamiento de Palma y la Asociación de Discotecas para que ésta controlase a los tiqueteros que trabajaban para sus empresas afiliadas.
El convenio, opinan los investigadores, es muy favorecedor para los miembros de la asociación en comparación con las empresas que quieren legalizar a los tiqueteros por libre y se distancia de aspectos reglamentados en la ordenanza municipal sobre la materia.
De hecho un asociado paga a Cort 305 euros al año por relaciones públicas, mientras que los no afiliados abonan 380 euros por las mismas tasas.
El acuerdo también permite a los afiliados disponer de más relaciones públicas que los no integrados, un cupo que va en proporción a la plantilla de los establecimientos.
Jesús Sánchez también tenía potestad para otorgar acreditaciones de tiqueteros, unos trabajadores que en teoría tienen que estar dados de alta en la Seguridad Social, algo que controlaba también el imputado. Los agentes comerciales de empresas no afiliadas son supervisados por Cort.
Según los investigadores, "la omisión de funciones del Ayuntamiento y de sus responsables, la creación de un convenio de colaboración (con Abone) que va en contra de lo establecido por una ordenanza municipal, el otorgamiento de poderes de gestión administrativa a una asociación privada, así como la ilegal utilización por parte de dicha asociación de estas facultades administrativas irregularmente delegadas por el Ayuntamiento, dan como resultado, una vez más, el favorecimiento a las empresas del Grupo Cursach en perjuicio del resto de empresas del sector".
Por otro lado, la semana que viene un hombre será juzgado en Palma por, supuestamente, amenazar a un testigo que declaró en contra de Bartolomé Cursach.
