El Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional ha aportado al juez Manuel Penalva el testimonio de varias personas y un rosario de pinchazos telefónicos que acreditarían la total dependencia orgánica y económica del Grupo Cursach de la patronal de salas de fiestas de Balears-Abone, presidida por el imputado Jesús Sánchez Riutort. En una de las conversaciones intervenidas a Bartolomé Sbert, en prisión y número dos del Grupo Cursach, le espeta a Sánchez que es un "presidente comprado", a sueldo del holding y que él le va marcar de cerca sus actividades.
Los pinchazos, los primeros sobre los que se ha levantado el secreto sumarial, corresponden a conversaciones telefónicas mantenidas entre agosto y octubre de 2015.
Según fuentes de la investigación, los principales imputados sabían que tenían los teléfonos intervenidos, "pero su prepotencia les hizo cometer fallos e incriminarse".
Uno de los interlocutores de Sbert es Abel Matutes hijo, descendiente del empresario y exministro del mismo nombre y con importantes negocios en el sector del ocio de Eivissa. Matutes habla con Sbert para quejarse de Sánchez, que estaría tomando partido en favor de algunos de los contricantes de la guerra de las discotecas que desde hace años tiene como escenario la isla Pitiusa.
"Mi padre está que trina"
Abel Matutes le dice a Sbert que su padre está que trina por la gestión de Sánchez, que fue llamado a capítulo por el número dos de Cursach.
Sbert abronca al directivo de la patronal de salas de fiestas: "Yo te dejo hacer camino y no te hago pasar cuentas, (pero), a partir de ahora cada semana una reunión tú y yo; despacharemos y yo te marcaré las pautas porque tú eres un presidente pagado, no eres un presidente que tenga el sector", le recuerda.
Sánchez, que hace unos días se acogió a su derecho a no declarar ante el juez y al que la fiscalía anticorrupción define como un ariete de Bartolomé Cursach para beneficiarlo y perjudicar a la competencia, responde sumiso a su presunto jefe: "No, absolutamente".
En algunas charlas también interviene Antoni Bergas, número tres del Grupo Cursach y también imputado. Los pinchazos reflejan cómo Sánchez se prevalía de su posición en la patronal para contactar con diversos políticos de Mallorca y Eivissa de cara a defender los intereses de Cursach.
De hecho se menciona una audiencia que la presidenta del Govern Francina Armengol ofreció a Sbert, Sánchez, y otros empresarios de Eivissa, que eran "enemigos" del Grupo Cursach.
El presidente de Abone también menciona futuros contactos con el entonces edil de Urbanismo de Palma, Antoni Noguera (hoy alcalde) y entrevistas ya realizadas con Angélica Pastor, regidora de Seguridad Ciudadana de Cort. La Policía también acusa a Abone de servirse de un convenio con el Ayuntamiento de Palma para manipular en favor de Cursach el sector de los tiqueteros. En un pinchazo, un funcionario municipal, afirma que el exedil del PP Álvaro Gijón hizo un favor al holding de Cursach.
