La guerra de taxistas de todo el mundo contra plataformas tecnológicas como Uber y Cabify podría estallar de lleno en Balears: aunque en las islas los sucesivos gobiernos autonómicos han denegado hasta la fecha todas las licencias solicitadas por estas compañías para alquilar por internet y móvil coches con conductor, serán finalmente los tribunales los que decidan. Y la amenaza para el taxi es grande: según confirman en la Dirección General de Movilidad del ejecutivo balear, ahora mismo están pendientes de la decisión del Tribunal de Supremo dos casos que afectan a 200 y 700 licencias respectivamente. A esas 900 se suman decenas de casos más en un fase procesal menos madura y se añaden otras 60 sobre las que ya hay una sentencia a favor de los solicitantes, recurrida por el actual Govern del Pacto. En total, suponen más de mil peticiones para poner en marcha vehículos de alquiler con conductor, también llamados VTC, la figura legal a la que se están acogiendo Uber y Cabify en comunidades como la Valenciana, la de Madrid o Cataluña y Andalucía para entrar de lleno en la pelea por las carreras de los taxis.
Todas esas licencias baleares pendientes de decisión judicial corresponden a solicitudes presentadas entre los años 2009 y 2013. Según documenta el actual director general de Movilidad, Jaume Mateu, hoy ya no se dan más licencias VTC, pero en en aquellos años había un vacío legal que permitía solicitarlas sin restricción. Quedaba luego en manos del criterio de cada comunidad concederlas o no. Balears, tanto en tiempos del president Antich (PSOE) como en la etapa de José Ramón Bauzá (PP), rechazó todas esas peticiones. Así se acumularon cientos de solicitudes denegadas, de las que hay constancia de al menos mil que han pasado por los tribunales hasta quedar ahora en manos de lo que sentencie el Supremo.
Si el Alto Tribunal optase por dar validez al millar de licencias vedadas, sus adjudicatarios podrían empezar a alquilar vehículos con conductor, los citados VTC. Eso abriría una guerra sin precedentes en un sector extremadamente sensible a la competencia, que está perfectamente informado de las maniobras de Uber y Cabify para irrumpir en el mercado. La preocupación del Govern balear, del Ejecutivo estatal y del propio colectivo del taxi está directamente relacionada con el hecho de que detrás de buena parte de ese millar de solicitudes está una sola compañía con sede en la península, que sospechan que pueda vender luego sus permisos para convertirse en la puerta de entrada al negocio para Uber y Cabify.
Estas dos multinacionales, que han revolucionado el transporte urbano en todo el mundo, tienen un modelo de explotación que solo funciona si pueden ofrecer en una misma zona una amplia flota de vehículos. Y eso es justo lo que les puede dar el Tribunal Supremo: con esas hasta mil licencias en Balears, Uber y Cabify podrían comenzar a alquilar con sus aplicaciones móviles coches con conductor, a los precios que estimen oportunos y en competencia directa con un sector del taxi que , encima, se ve obligado a trabajar con las tarifas que les marca la administración pública (que en atención a los taxistas, las suele poner muchos más altas de las que suele fijar Uber).
Amenaza letal para el taxi
Con lo que el impacto sería de aúpa. Según datos del sector, de las mil licencias que cuelgan ahora de los tribunales alrededor de 700 serían para Mallorca y otras 300 permitirían desplegar coches por Eivissa. Eso, en el caso de Mallorca, supondría disparar la competencia: ahora mismo en Palma hay 1.237 taxis, con lo que la entrada en el mercado de hasta 700 coches más, con capacidad para competir con sus propios precios, pondría en jaque a los taxistas. No sería solo el efecto de la irrupción de nueva competencia, sería el hecho de pelear en desigualdad de condiciones: frente a estos operadores que entrarían al mercado con autorizaciones nuevas a coste bajo, la única forma que hay hoy de entrar al negocio del taxi es comprar una licencia que, en el caso de Palma, ronda los 200.000 euros, dinero que luego toca amortizar con miles de carreras y horas de trabajo.
De ahí la preocupación. Y de ahí el consenso político, que en primavera llevó a las comunidades a reunirse con el Gobierno central para, entre todos, buscar una respuesta conjunta a lo que decida el Tribunal Supremo, encargado de unificar criterio para las miles de licencias VTC en litigio en toda España. "Si se aceptan, será un cambio muy fuerte. Lo que estamos trabajando con el sector del taxi aquí es fortalecer la línea actual", dice el director general de Movilidad del Govern, que recalca que esa estrategia pasa por conceder solo una licencia VTC por cada ocho taxis (una por cada seis en Eivissa), que es lo que se viene haciendo desde la reforma de la Ley de Transporte de 2014. Con ese planteamiento, ahora mismo hay 200 VTC en Balears, 150 en Mallorca, cifra que ya no se puede aumentar.
El problema es que ese cupo podría saltar por los aires si, a las 200 licencias VTC vigentes, el Tribunal Supremo ordenase sumar otras mil, abriendo de paso a la actividad masiva de Uber y Cabify, las AirBNB del transporte, una revolución que ya ha dinamitado el negocio del taxi en todo el planeta.
