Balears prepara una ley pionera para combatir el cambio climático a partir de 2018. Los objetivos son ambiciosos y a largo plazo: llegar a un nivel de emisiones cero en 2050, avanzar hacia un modelo de movilidad basado en el vehículo eléctrico y prescindir del carbono para utilizar un cien por cien de energías renovables. En este sentido, las islas están a la cola del Estado porque solo generan un dos por ciento de energías renovables -la media está en el 40 por ciento-.

"La sociedad reclama medidas urgentes y vinculantes", valoró ayer el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, acompañado por el director general de Energía y Cambio Climático, Joan Groizard.

El Govern ya tiene las pautas sobre las que trabajar después del proceso participativo iniciado el pasado verano y que se ha materializado en 2.000 respuestas individuales procedentes de empresas, asociaciones, talleres y sesiones de trabajo. En breve se acometerá la redacción de la ley que, si se cumplen los plazos, llegará al Parlament en el primer trimestre de 2018.

Será la primera vez que una comunidad autónoma aprueba una ley del cambio climático de tanto calado. Y también la primera vez que esta materia se mete de lleno en la agenda política de las islas. "Esto no se va a quedar en una declaración de intenciones", advirtió Groizard. "Haremos una ley ambiciosa y perdurable", destacó Pons.

Los redactores de la ley ya tienen algunos mimbres sobre los que trabajar. Está prevista la creación de un 'fondo climático' para recompensar las acciones que supongan una reducción de las emisiones. Paralelamente, se pretende reducir las subvenciones a los combustibles fósiles e incentivar las iniciativas que propicien la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

El texto pretende alcanzar otras tres importantes metas: la priorización del transporte público, un programa que contemple el cierre de las centrales térmicas y reducir el consumo energético global.

Pons recordó que durante esta legislatura se han dado algunos pasos como la compra de energías renovables, el fomento del autoconsumo, el plan de cierre de los centros de producción energéticos o el impulso al vehículo eléctrico. En este sentido, el conseller subrayó que Balears es la Comunidad donde existe "la ratio más elevada de puntos de recarga por ciudadano", unos 250.

Un proyecto común

Sin embargo, admitió que estas medidas "no son suficientes", por lo que se necesita de "un marco legal y jurídico que fije que las actuaciones futuras".

La ley del cambio climático, dijo Pons, debe "implicar a las administraciones pero también al conjunto de la sociedad a corto, medio y largo plazo". El conseller socialista expresó su deseo de que con la nueva normativa "sea posible el objetivo principal de hacer de Balears un espacio sin emisiones y resiliente al cambio climático".

El proceso participativo que ha implicado a empresas, entidades y particulares "ha constatado la necesidad de actuar de manera clara, mediante actuaciones que tengan consecuencias", destacó Pons. El 85 por ciento de los encuestados se mostró "muy de acuerdo" en que el cambio climático es un reto que se debe afrontar con urgencia, mientras que un 50 por ciento consideró que la lucha contra el cambio climático puede suponer una oportunidad económica para las Balears.

Por su parte, el 76 por ciento de los encuestados opinó que el sector empresarial de las islas no está haciendo lo suficiente para reducir sus emisiones.

Finalmente, un 96 por ciento consideró adecuado "un impulso de una ley para combatir el cambio climático".