Entre los muchos aspectos sobre los que Govern y sindicatos se muestran extraordinariamente críticos con las políticas desarrolladas por el Ejecutivo estatal, aparece la política desarrollada en torno a la cobertura económica a los parados. Porque aunque la mitad de los registrados en las oficinas de empleo no reciben ninguna prestación, el dinero previsto en los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe, antiguo Inem) no se gasta en su totalidad.

En concreto, y según los datos facilitados por la Dirección General de Empleo, desde 2013 hasta ahora se han dejado de gastar 12.800 millones de euros. Esta situación se comenzó a registrar tras las reformas aplicadas en 2012 para endurecer el acceso a estas ayudas, lo que supuso agravar el drama vivido por muchas personas. Este mismo año, y a la vista de lo gastado hasta junio, el Estado se va a quedar con cerca de 1.000 millones de euros en los cajones, presupuestados y no gastados. Como ejemplo más claro, se señala el hecho de retrasar hasta los 55 años la ayuda que antes se podía reclamar desde los 52 en el caso de estar sin empleo y no tener ingresos.

Hay un aspecto en el que coinciden sindicatos y Govern: la crisis ha sido especialmente dura con las personas de más edad que perdían su puesto de trabajo, según destaca el secretario de Comunicación de CCOO, Francesc Mellado, que además subraya un elemento clave: muchos de ellos se están convirtiendo en "parados estructurales" ante la imposibilidad de que accedan a un empleo en el sector privado.

Buscar nuevas fórmulas

Por ello, Mellado defiende la necesidad de buscar fórmulas que eviten situaciones como las que se están viviendo en este momento, y por ello se recuerda que se está impulsando una iniciativa legislativa popular para crear una prestación que garantice unos ingresos mínimos. Porque desde CCOO se aplauden algunas medidas adoptadas por el Govern balear, pero se recuerda que éstas tienen un carácter autonómico y no llegan al resto del país.

Una de ellas es la decisión de la conselleria de Servicios Sociales de llevar, a partir del próximo año, la renta social garantizada a los mayores de 45 años independientemente de que tengan cargas familiares .