La fabricación de víctimas artificiales es el gran negocio del siglo XXI, en detrimento de quienes realmente han sufrido un percance a indemnizar. En inglés llaman ambulance chasers a los abogados que persiguen a las ambulancias con heridos en accidentes, para alentarles a interponer la reclamación oportuna u oportunista.
La exageración del daño sufrido por el consumidor no es un fenómeno nuevo. Hace medio siglo que Billy Wilder convirtió a Walter Matthau en un abogado sin escrúpulos, empeñado en agravar ficticiamente las lesiones de su cuñado, Jack Lemmon. La película se titulaba En bandeja de plata. Como de costumbre, internet ha multiplicado la frecuencia del problema.
Las empresas demandadas con un subterfugio, que en Mallorca son obligatoriamente hoteleras, espantaban a los turistas protestones pagando el aguijoneo de las aisladas demandas sin base. Al fin y al cabo, las reclamaciones falsas se compensaban con las reales que no eran reivindicadas por los clientes.
El equilibrio de la picaresca se ha roto, porque las demandas ficticias golpean las cuentas de resultados con cifras millonarias. La utilización de tiqueteros para incitar a los turistas a sufrir una gastroenteritis es otro síntoma de la industrialización del problema. Demasiados tiburones en la piscina. Según el informe de los detectives privados referido por la policía en su atestado, empresas de ciudadanos extranjeros controlan el negocio en Mallorca.
Es decir, ciudadanos ingleses operan en la isla con el propósito de desacreditar a hoteles mallorquines, imputándoles un falso fraude. Al mismo tiempo, obtienen un rédito por su labor de piratería. Más allá de la mera constatación policial, se echa de menos una intervención más decidida, que destierre la dimensión colonial del problema y la arraigada convicción con respaldo judicial de que los delincuentes asociados al ocio turístico conocen las voluntades a captar.
Una cosa es informar sobre el tráfico de drogas, y otra practicar el narcotráfico para disponer de exclusivas de primera mano. Una cosa es ofrecer amparo legal a los turistas envenenados durante sus vacaciones, y otra brindarles un repertorio de falsas demandas a interponer gratuitamente. Los bufetes de abogados que se dedican a esta actividad comparten la posible estafa. Sus páginas web están calcadas de la publicidad de un intermediario turístico, hasta tal punto se consolida su parasitismo.
Del mismo modo que se necesita ir un paso más allá de la labor documentadora y contemplativa en la persecución de las falsas infecciones, también el Colegio de Abogados debería adoptar una posición decidida en esta modalidad de fraude. No debería ser suficiente con sorprenderse si se descubre que la actividad nociva ha calado en sus filas. Bien es verdad que de momento es más rentable colocarse junto a una viuda inminente en la habitación del hospital, antes que junto a un matrimonio galés todo incluido en un hotel de tres estrellas.
Los hipocondriacos también contraen enfermedades, y los paranoicos no se libran de sufrir persecuciones. Igual que el dinero malo desplaza al bueno, las falsas denuncias sobre intoxicaciones alimentarias ocultan el problema de los envenenamientos auténticos. Es decir, los turistas y sus indisociables abogados contribuyen a que Mallorca sea una isla insegura en una parcela fundamental del orbe sanitario. De nuevo, la flema con la que se encaja este insulto exterior resulta alarmante.
La mejor forma de combatir las intoxicaciones falsas consiste en denunciar las verdaderas. Por desgracia, los hoteleros hoy quejosos se han empleado con furia para garantizar la inexistencia de una inspección en condiciones de sus establecimientos. Esta carencia no solo insulta al resto de ciudadanos, controlados hasta el último euro. La dejación favorece además ahora a los turistas que denuncian en falso. Si el Govern dispusiera de un seguimiento estricto de la planta hotelera, impediría de raíz el descrédito que enriquece a los impostores y empeora la situación de los agraviados.
