El juzgado de lo contencioso número 3 comunicó ayer al Consell de Mallorca la suspensión del rescate del túnel de Sóller acordado este mes por el pleno de la institución insular, a petición de la concesionaria Globalvia, una decisión que sorprendió al Gobierno insular, según admitió la consellera insular de Territorio, Mercedes Garrido. "Se han aplicado unas medidas cautelarísimas, que se adoptan sin escuchar antes al Consell", explicó Garrido en referencia a que, a diferencia de la petición de medidas cautelares que se deciden tras escuchar a las partes, las cautelarísimas suponen que el rescate está ya suspendido.

Ahora la institución insular dispone de tres días para presentar el expediente administrativo al juzgado y dos días más para contestar a la demanda de medidas cautelarísimas provisionales que ha interpuesto la concesionaria, tras lo cual el Consell será citado a una vista y, tras escuchar a la institución insular, el juez decidirá si mantiene la suspensión o la levanta. Garrido aseguró que el juzgado recibirá el expediente el lunes y confió en que la próxima semana se celebre la vista de tal modo que la decisión se adopte lo antes posible.

Según informó, la concesionaria argumentó para pedir medidas cautelarísimas que, dado que el rescate del túnel se haría efectivo el 1 de septiembre, no daría tiempo a suspenderlo con el proceso ordinario de medidas cautelares. Con esta decisión, si la vista no se celebra pronto el túnel de Sóller no será gratuito en la fecha prevista.

Recurso

El pleno del Consell acordó el pasado 2 de agosto, con los votos en contra de PP y Ciudadanos, el rescate del túnel de Sóller por un importe de 17,4 millones de euros, dando por hecho que la concesionaria recurriría el acuerdo al considerar que esta cantidad está muy por debajo de los aproximadamente 31 millones que a su juicio le corresponderían. Lo que Garrido no esperaba es que Globalvia pidiera medidas cautelarísimas, ya que los técnicos del Consell y de la concesionaria estaban trabajando este mes para tener todo listo con el fin de levantar la barrera el 1 de septiembre

La responsable insular de Territorio resaltó que "la jurisprudencia" a partir de los pronunciamientos del Tribunal Supremo en otros casos, muestra que "cuando los posibles perjuicios son evaluables económicamente se ha mantenido la eficacia del acto administrativo", que en este caso sería el acuerdo del pleno del Consell de rescatar esta infraestructura por lo que, manteniendo ese criterio, el rescate seguiría adelante aunque si posteriormente los tribunales dieran la razón a Globalvia el Consell tuviera que pagarle la cantidad que solicita.

"Este es el punto en el que nos encontramos, ya que de hecho hemos valorado los perjuicios (que tendría el rescate para la concesionaria) en 17,4 millones de euros y estamos en disposición de hacer efectivo su pago de manera inmediata", declaró ayer Garrido en referencia a que el rescate del túnel de Sóller es una decisión evaluable económicamente.

La consellera de Territorio confió en que el juzgado convoque al Consell para la vista con la misma celeridad con la que ha adoptado la suspensión cautelar del rescate.

La decisión del Consell de recuperar el túnel de Sóller cinco años antes de que acabara la concesión contó con el informe favorable del Consell Consultiu al rescate, pero con observaciones que elevarían el coste a unos 19 millones de euros. El Gobierno insular, formado por los partidos del Pacto, desoyó estas objeciones y mantuvo su criterio, al entender que los cálculos para establecer el coste del rescate en 17,4 millones de euros son correctos.