El miedo está resultándole al Govern más efectivo en solo unos días que la prohibición del negocio vacacional en pisos, inaugurada en tiempos en 2012, con el PP de José Ramón Bauzá: el alquiler a turistas en viviendas de bloque plurifamiliar empieza a desaparecer a marchas forzadas de las principales webs de comercialización masiva de vivienda vacacional. Las multas de 400.000 euros para las plataformas que publiciten pisos sin licencia turística tienen solo una semana de vida, vigencia idéntica a las sanciones de hasta 40.000 euros para los propietarios que metan viajeros en esos pisos vedados a las vacaciones, pero siete días han bastado para que desaparezcan miles de anuncios ilegales.
Sirve de ejemplo el caso del mayor comercializador de las islas, que no es AirBNB, sino HomeAway: el jueves pasado, con la ley ya en vigor, su catálogo de turismo en Mallorca incluía 3.363 apartamentos, todos ellos ilegales (ni un solo apartamento de bloque plurifamiliar tiene licencia turística), una cifra que ayer era de 2.800. Siguen siendo más que suficientes como para que HomeAway acabe recibiendo sanción de 400.000 euros, pero aún así son 563 menos que hace cuatro días. Sintomático, dicen en la Conselleria de Turismo, donde también han detectado movimientos en esa línea en otras plataformas.
Más drásticos han sido en Be Mate. La cadena hotelera fundada y presidida por Kike Sarasola saltó a la fama hace cuatro años con una apuesta rupturista: usar sus hoteles como centro neurálgico desde el que prestar servicios de apoyo a decenas de apartamentos de alquiler, anunciados a través de su propia web. El grupo hotelero se convirtió con su proyecto en blanco de todas las críticas del resto del sector hotelero, que luego, con más o menos sigilo, empezó a copiar la receta, creando negocios paralelos de alquiler vacacional. Pues bien, Sarasola y su Be Mate llegaron a ofrecer antes de la nueva ley balear contra el alquiler turístico 38 apartamentos ilegales. El viernes, Mallorca desapareció de su catálogo.
No es ya que hayan retirado los pisos de la oferta, es que directamente han eliminado el destino Mallorca: en Be Mate los turistas ya solo pueden alquilar en doce templos turísticos del mundo, entre los que no está la isla, pero sí Nueva York, Barcelona, Florencia, Miami, Ámsterdam, Madrid, París y Roma.
Las plataformas remolonean
El caso de Sarasola es en realidad una excepción: es el único que ya ha liquidado toda su oferta ilegal en Mallorca. Porque en el resto, los anuncios desaparecen, pero tiene pinta de ser más bien por el miedo de los propietarios que por diligencia de las webs que llenan la caja alquilando propiedades ajenas. Queda claro con HomeAway: han desaparecido 563 pisos ilegales de su listado mallorquín, pero sigue habiendo 2.800. Y lo mismo sucede con la mayoría de grandes operadores. HomeToGo, por ejemplo, disponía el jueves de 9.378 propuestas de apartamento en Mallorca, que ayer eran 7.708: son 1.670 pisos ilegales menos, pero aún quedan 7.708 ilegalidades por salir de la web. La situación se repite en Rentalia, en la media docena de webs subsidiarias de HomeAway que replican el catálogo de la matriz en todo el mundo, o en plataformas como 9Flats o Niumba y páginas del grupo TripAdvisor, como Flipkey y Holidaylettings.
Con lo que parece que las webs aún no han asumido la amenaza de multa del Govern del Pacto, mientras los propietarios se protegen a sí mismos tomando medidas rápidas para eludir una sanción que ven como amenaza cierta. Lo tienen claro, en gran medida, gracias a que la propia asociación que defiende el alquiler turístico, Aptur, ha optado por seguir fiel a la legalidad y ha advertido de las consecuencias de mantener en el mercado una oferta que es ilegal y , desde hace unos días, fácilmente perseguible con la Ley Barceló. Tanto es así que en Aptur remitieron una carta a todos sus asociados en la que avisan de que están en vigor las multas de hasta 40.000 euros a quien alquile pisos sin licencia por menos de 30 días y a quien se anuncie como vacacional sin contar con un número de autorización de la Conselleria de Turismo (que en los últimos años dio 15.000 licencias en Mallorca, ninguna de ellas a pisos de edificio plurifamiliar).
Quitar anuncio, seguir alquilando
Llegados a este punto, la preocupación de muchos propietarios es qué hacer con las reservas ya contratadas. Cuando se concretaron ya eran ilegales, pero no regía el nuevo sistema de castigo fácil y a 40.000 euros. Es decir, vendieron algo prohibido, pero solo ahora hay riesgo de sanción gorda. ¿Qué opción tienen? Pues muchos están retirando su piso del escaparate de AirBNB y compañía, donde son visibles y fácilmente sancionables, pero al tiempo siguen recibiendo con discreción a los turistas previstos.
Aún así se exponen a ser cazados por la inspección o tras denuncia de algún vecino, pero el riesgo es menor. Quienes lo hacen explican sus razones: "No puedo dejar a la gente tirada. Esta semana recibo un grupo y les explicaré la situación y les pediré que se comporten, como hago siempre, pero insistiendo más", aclara Agatha, dueña de un piso de tres habitaciones cerca de la Plaça Major de Palma, que dedica al alquiler turístico desde hace tres años. ¿Y cuando pasen estos clientes? "En octubre he anulado dos reservas y no aceptaré más en septiembre. Lo alquilaré a residentes y me quedaré tranquila: esto lleva mucho trabajo, aunque alguno se piense que es solo sacar dinero fácil", resume esta propietaria, que reclama al Govern un poco de mano izquierda para acabar el verano sin sobresaltos y hacer las cosas bien desde otoño.
