Alrededor de 100.000 hombres hacen uso de servicios de prostitución cada año en Balears, incluidos residentes, trabajadores temporales y turistas. Las mujeres dedicadas a atender a esta clientela se sitúan en torno a las 2.350. El negocio que esta actividad genera en las islas ronda los 50 millones de euros anuales. Estas son algunas de las conclusiones del informe elaborado por el Grup d'Estudi de la Prostitució a les Illes Balears (GEPIB) y firmado por el doctor en Sociología de la Universitat balear Lluís Ballester. Pero debajo de estas cifras hay dramas humanos, según se destaca, como un aumento de la vulnerabilidad de estas mujeres, en ocasiones favorecida por un enfoque erróneo en la actuación de las Administraciones locales, un deterioro de sus condiciones laborales, o una creciente presencia de menores de edad y mujeres de más de 40 años debido a su precariedad económica.

El informe del GEPIB hace referencia por primera vez no solo a las mujeres que practican la prostitución en el archipiélago, sino que hace especial hincapié en los "prostituidores", es decir la clientela, fundamentalmente masculina. Entre 4.700 y 4.900 hombres recurren frecuentemente a la prostitución, con la compra de cinco o más servicios sexuales al mes. Hay un grupo compuesto por unos 15.000 varones que limitan esos servicios a tres o cuatro veces al mes, mientras que cerca de 25.000 lo hacen ocasionalmente, aproximadamente una vez al mes. A estos colectivos hay que sumar aquella clientela que presenta una elevada rotación (turistas y trabajadores temporales), hasta llegar a la cifra de 100.000 usuarios anuales. Hay que tener en cuenta el fuerte aumento que se registra durante la temporada estival.

Oferta existente

Esta demanda es atendida en Balears por unas 2.350 mujeres dedicadas a la prostitución, de las que unas 600 lo hacen de forma intensiva, con un volumen mínimo de unos 20 servicios semanales. Según las entrevistas realizadas, en el caso de las inmigrantes hay un factor que las impulsa a esta actividad muy intensiva, como es la necesidad de pagar "deudas" contraídas con sus proxenetas.

A ellas se suma un segundo grupo, formado por unas 750 mujeres, que ejercen la prostitución en las islas con una intensidad mediana, cifrada en unos 10 servicios semanales, fundamentalmente durante los fines de semana.

Finalmente, desde el GEPIB se estima que unas mil mujeres de las islas se dedican a la prostitución como forma de complementar sus ingresos, limitándose a tres o cuatro clientes por semana, en ocasiones de forma estacional.

El dinero que la prostitución mueve en el archipiélago se cifra en cerca de 50 millones de euros anuales, aunque Lluís Ballester admite que se trata de una estimación "a la baja", por lo que la cifra real puede ser más elevada.

Los dramas humanos

Pero como se ha indicado, detrás de las cifras están los dramas humanos. Y uno de los que preocupa especialmente es el aumento de la vulnerabilidad de estas mujeres, según apunta Ballester y sobre lo que se hace especial hincapié entre las organizaciones que trabajan con este colectivo.

Este último punto es sobre el que el coordinador territorial de Médicos del Mundo, Alberto Gundín, hace más hincapié. La presión que en muchos casos se ejerce sobre las mujeres que ejercen la prostitución las está llevando a recluirse en pisos, donde contratan sus servicios, donde son más invisibles y donde es más fácil que sean objeto de agresiones.

Desde Médicos del Mundo se lamentan las multas que se están aplicando en la Platja de Palma a las mujeres que ejercen la prostitución, con un dato especialmente significativo: solo recaen sobre las subsaharianas y no sobre otras nacionalidades, según se subraya. En este aspecto, se afirma "el acto de prostituirse no puede ser multado", al tratarse de una actividad "alegal" en España siempre que no vaya vinculada a la trata de mujeres.

Además, Médicos del Mundo ha presentado alegaciones al borrador de la ordenanza reguladora de la convivencia del ayuntamiento de Llucmajor, al considerar que criminaliza a las mujeres que ejercen la prostitución y que "agrava su situación de exclusión, fomentando su invisibilidad y dejándolas en una situación aún mayor de vulnerabilidad". El argumento esgrimido es que "las mujeres no son delincuentes o personas antisociales que deban ser reprimidas, sino víctimas de trata".

Lluís Ballester coincide en la necesidad de no criminalizar a las prostitutas, al considerar que lo que se hace es penalizar a la parte más débil, y defiende que la presión debe de trasladarse a los clientes. Además, recuerda que en el antiguo Barrio Chino de Palma estas mujeres tenían una gran visibilidad e incluso se protegían unas a otras en caso de problemas, mientras que el hecho de perseguirlas hace que se vean obligadas a esconderse en lugares menos visibles. Según Médicos del Mundo, lo que se está favoreciendo es su estigmatización y que puedan ser objeto de comportamientos sexistas y racistas.

Precarización por la crisis

Los problemas no acaban aquí, porque a ese aumento de su vulnerabilidad se suma la precarización de sus condiciones de trabajo impulsada por la crisis económica. Otro fenómeno sobre el que se da la voz de alarma es la creciente captación de menores de edad para que ofrezcan servicios sexuales. En concreto, la débil situación económica de muchas familias está haciendo que para algunas organizaciones resulte más fácil la captación de chicas menores de edad para la prestación de servicios sexuales no intensivos, al localizarlas en zonas frecuentadas por jóvenes, o entre las fugadas de centros tutelados.

También está creciendo la oferta sexual protagonizada por mujeres mayores de 40 años y que buscan reforzar sus ingresos, en muchos casos para sacar adelante a su familia.

Las dificultades económicas y la dura competencia existente está llevando también a que las prostitutas se vean obligadas a reducir sus tarifas, según se pone de relieve, o a tener que asumir prácticas de riesgo demandadas por sus clientes, con una creciente resistencia de estos últimos a la hora de hacer uso del preservativo.