"Soy biólogo y por tanto soy muy consciente del daño que se puede hacer a la posidonia. Pero hay una cosa que se llama sentido común y vosotros vais con mala idea". Son palabras de un patrón que acaba de ser descubierto fondeando ilegalmente sobre la planta acuática. Los reproches -que a veces degeneran en insultos y amenazas- son casi una rutina para cualquier Agente de Medio Ambiente del Govern (AMA) cuando comunica la apertura de un expediente sancionador.
La tensión va en aumento en es Caló, a escasas millas de la Colònia de Sant Pere, un rincón pintoresco en los días estivales y un refugio seguro cuando, como es el caso, hay mar de fondo y amenaza tormenta. También es una reserva marina dominada por extensas praderas de posidonia, por lo que anclar sin vulnerar la legalidad supone todo un desafío.
Es una mañana de julio desapacible y los pocos barcos que hay en la zona se enfrentan al escrutinio de dos inspectores de la conselleria de Medio Ambiente. Han salido del club náutico de la Colònia de Sant Pere en una lancha neumática patroneada por Pere Palacios, un veterano del mar que demuestra su destreza sorteando olas y abordando las embarcaciones que le señalan los técnicos. Como la del patrón mallorquín que continúa con su escalada verbal: "Mi único delito ha sido ahorrar durante años para poder comprar este barco de segunda mano. ¿Sabe lo que creo? Que usted tiene un fondo bastante malo", espeta a la inspectora que en ese momento redacta una propuesta de sanción después de comprobar que la cadena de su ancla invade una pradera de posidonia.
No hay dudas. Los dos técnicos han seguido la trayectoria del metal gracias a una lupa de grandes dimensiones diseñada para escrutar el fondo marino desde la superficie. También han realizado varias fotografías para dejar constancia gráfica de la infracción, de cara a posibles recursos.
Es un trabajo poco gratificante. Son escasos los usuarios que admiten su falta sin oponer objeciones, así que las reacciones altisonantes están a la orden del día.
Hace un mes que el Govern pasó de la pedagogía a la fase punitiva. Y no es ninguna broma. El Decreto de la Posidonia elaborado por la conselleria de Medio Ambiente, todavía un borrador en proceso de participación pública, contempla multas de entre 100 y 6.000 euros por infracciones leves. Hasta 100.000 euros para las graves, y un máximo de 450.000 euros para las consideradas como muy graves.
Hay diversos condicionantes que pueden modificar el importe de la multa: la extensión de pradera de posidonia invadida, la longitud de la cadena enterrada junto a la planta acuática y la predisposición a colaborar con los inspectores, entre otros factores. Es decir, obstruir o dificultar la acción de los agentes encarecerá siempre la factura.
El patrón rebaja el tono. Reitera que tiene una titulación en Biología, y presenta sus alegaciones: "He anclado en la arena. Pero desconocía que la cadena no podía estar sobre posidonia".
Palacios habla de "un problema cultural" con la navegación recreativa. "Han fondeado toda la vida sobre posidonia y ahora no entienden que se sancione. Se enfadan. Todavía no son conscientes de que hay una sobreexposición porque cada verano hay más barcos que el anterior", advierte.
Los AMA señalan otra embarcación que a simple vista parece fondeada ilegalmente. Se presentan al patrón, introducen la lupa en el agua y comprueban que la cadena desaparece entre una pradera de la cotizada planta acuática. El patrón, mallorquín, busca apresuradamente un pretexto que le libre de la multa. "Venimos de Menorca y nos dirigíamos a Palma, pero como que se ha puesto mal tiempo hemos buscado refugio aquí. No hemos tenido otra opción", argumenta. Los agentes le recomiendan que lo use como atenuante al tiempo que empiezan a redactar la propuesta de sanción.
Un barco 'pirata'
"He buscado el 'blanco' más grande que he encontrado. Es increíble que me pase esto, yo siempre he sido muy proteccionista", lamenta el patrón con el impreso en la mano. A partir de ese momento tiene un plazo para presentar alegaciones confiando en rebajar la multa. Al final del proceso decide un instructor nombrado por el Govern.
Al menos esta vez no ha habido malos modos por parte del infractor. Uno de los problemas es que los barcos quieren fondear casi siempre en calas inaccesibles, lejos de las playas de arena masificadas. El problema es que esos refugios tan apreciados por la navegación recreativa suelen ser paraísos de la posidonia.
Palacios explica que en ocasiones la frustración del patrón está justificada porque ellos echan el ancla sobre arena, pero las olas que mueven el barco arrastran la cadena inevitablemente hacia la planta. Apunta una posible solución: boyas ecológicas a las que amarrar las embarcaciones como las que funcionan con éxito en Cala Blava. Los agentes expresan su acuerdo.
Un barco llama la atención de los inspectores por sus grandes dimensiones y por la bandera pirata que ondea en lo alto del mástil. Está a una distancia considerable, pero la mirada experta de Palacios ya ha detectado la infracción. Otra bandera delata la procedencia británica de la embarcación. "This is a very critical place for ancoring. This is the problem", explica la inspectora a los tripulantes en un inglés más que correcto después de constatar que ancla y cadena yacen sobre un lecho de posidonia.
El patrón, londinense, acepta de inmediato la propuesta de sanción. Al menos sobre el papel, los extranjeros no se libran de pagar la multa aunque residan en otro país. "Arena o rocas bien. No plantas", dice el británico en un castellano rudimentario para demostrar que ha entendido a qué se enfrenta.
Leva el ancla en presencia de los agentes del Govern. Abundantes restos de posidonia se desprenden de la cadena mientras uno de los inspectores inmortaliza el momento con la cámara. Cualquier prueba cuenta para reforzar la propuesta de sanción.
Termina la inspección. Los agentes, biólogos de formación, no esconden su frustración por la falta de empatía que muestran hacia su trabajo de la mayoría de ciudadanos a los que sancionan. Y también por la falta de medios para intervenir en un litoral saturado de embarcaciones que, en su mayoría, escapan de la vigilancia del Govern.
El tiempo de la impunidad ha terminado. Pero todos están de acuerdo en que solo una mayor concienciación social, y no las multas, protegerá a una especie trascendental en el ecosistema marino.
