Los fiscales Juan Carrau y Miguel Ángel Subirán mantuvieron ayer su propuesta de que el presunto sicario rumano, Marian C.S., cumpla tres años de prisión, porque están convencidos de que fue contratado desde el entorno del Grupo Cursach para que coaccionara a los testigos que han declarado en la investigación del caso.
El juicio contra este acusado quedó ayer visto para sentencia, tras la segunda sesión, y la fiscalía ratificó su propuesta de que sea condenado por un delito de obstrucción a la justicia.
En su informe final el fiscal Juan Carrau señaló la "trascendencia de este juicio", puesto que se valoraba la situación de presión y amenazas que han estado sufriendo los testigos de este caso. Carrau recordó que las directrices europeas son muy claras y señalan que los estados están obligados a defender a los testigos que colaboran en las investigaciones judiciales. Sin embargo, reconoció que en la práctica esta situación de protección no se produce. "En España esta situación es bochornosa", lamentó el fiscal, que afirmó que "este es el claro ejemplo de que un Estado ha sido incapaz de proteger a los testigos".
Para Carrau, al no asumir el Estado su responsabilidad, debe ser el Poder Judicial el que "busque los mecanismos para que las cosas cambien. Los medios que se utilizan para proteger a las víctimas son de risa".
Lógicamente, el fiscal hizo esta exposición inicial para referirse al caso del testigo del caso Cursach que ha sido numerosas veces coaccionado por parte de una serie de individuos extranjeros y que incluso uno de ellos le propinó una paliza en su domicilio. "A pesar de que este testigo debería estar protegido, todos saben cómo se llama. Su situación en estos momentos es de riesgo".
Centrándose en el caso, para Carrau no existe duda alguna de que el ciudadano rumano fue expresamente contratado para amedrentar a estos testigos. Recordó Carrau que el acusado rumano trabajó como personal de seguridad en la discoteca Tito's y señaló también que hay varias personas que han señalado que "le tenían mucho miedo".
Carrau mantuvo que no es lógico que una persona que afirma que viene a Mallorca a buscar empleo, porque en Rumanía no tiene trabajo, ni dinero, al llegar a Mallorca se compre un coche y se alquile un piso. Y, si era cierto que buscaba trabajo, "no rechaza un empleo".
El fiscal también reiteró que este acusado volvió a repetir dichas amenazas desde la cárcel.
El abogado defensor señaló que no existen pruebas que demuestren que su cliente hubiera amenazado al testigo.
Secreto de sumario
Por otra parte, el juez Penalva volvió ayer a ampliar un mes más el plazo del secreto de sumario del caso Cursach. En el auto señala los numerosos episodios de amenazas que se han producido durante esta investigación.
